El gobierno alemán envió a la Cámara Baja del Parlamento de ese país (Bundestag) un proyecto para prohibir los aumentos de precios de las empresas abastecedoras de energía, “a menos que el proveedor pueda demostrar que el aumento está objetivamente justificado».

El freno a los precios del gas y la electricidad previsto por la coalición de gobierno entre socialdemócratas (SPD), Los Verdes y los liberales del FDP pretende amortiguar el fuerte aumento de los costos para los hogares y las empresas.

La intervención del gobierno busca impedir la suba de los precios que no puedan justificarse por los costos de adquisición de energía, explicó la agencia DPA.

No todo aumento será automáticamente ilegal, añadió la cartera energética alemana, sino sólo aquellos que sean «abusivos e injustificados».

El Estado subvencionará una cierta cantidad de consumo, pero más allá de eso, se seguirán aplicando los precios del mercado.

El experto en energía del FDP Michael Kruse declaró al diario «Bild» que se quiere evitar que «las ayudas alienten a las empresas de servicios públicos a cobrar tarifas más altas».

Los frenos a los precios de la energía entrarán en vigor a partir de marzo de 2023, pero está previsto que el alivio sea retroactivo a partir de enero.