El presidente catalán, Carles Puigdemont, respondió hoy con una evasiva al ultimátum del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, sobre si declaró la independencia e insistió en su oferta de diálogo, que Madrid volvió a rechazar bajo la advertencia de que si el jueves no rectifica será responsable de la intervención de Cataluña.
Dos horas antes de que venciera el plazo que le dio Rajoy para que confirmara con claridad si había declarado o no la independencia de Cataluña, Puigdemont hizo pública la carta que envió a La Moncloa, en la que no responde de forma concreta al pedido y, en cambio, ofrece abrir un plazo de negociación de dos meses para alcanzar una «solución acordada» al conflicto de secesión.
Puigdemont remarcó que el 80% de los catalanes están a favor de que se celebre un referéndum acordado y dijo a Rajoy que «aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas».
«La suspensión del mandato político surgido en las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento», añadió el líder secesionista, refiriéndose a la decisión que tomó junto con sus aliados la semana pasada cuando compareció en el parlamento regional.
Durante su intervención parlamentaria del 10 de octubre, Puigdemont dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió la suspensión de esa decisión para abrir una negociación con el Ejecutivo.
Ese mismo día, todos los diputados del bloque independentista firmaron una declaración de independencia, sin cláusula de suspensión, aunque el documento no fue registrado en el parlamento regional, lo que generó una gran confusión incluso en las filas propias y entre los 2,2 millones de catalanes que votaron a favor de independizarse de España en el referéndum que había sido declarado ilegal y que la Justicia ordenó evitar.
El gobierno del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy reaccionó exigiendo a Puigdemont que antes de las 10 de la mañana de hoy aclarara si había declarado la independencia de Cataluña de forma unilateral.
El pedido del gobierno central advertía que no aceptaría una evasiva como respuesta, y que consideraría una confirmación cualquier cosa distinta a una negativa, en cuyo caso entraría a correr otro plazo, hasta el jueves, para revocar la declaración de independencia bajo la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé medidas excepcionales para obligar a una región a cumplir sus obligaciones cuando esté en riesgo el interés general.
Por su parte, Rajoy lamentó «profundamente» que Puigdemont haya decidido «no contestar» a la notificación que le mandó el pasado miércoles para aclarar si se había declarado la independencia de Cataluña o no, según una carta de repuesta que difundió hoy el Ejecutivo español.
El líder conservador avisó al dirigente catalán que si no responde de manera clara antes del jueves, será «el único responsable» de la aplicación del artículo 155, un precepto que, según subrayó el jefe del Ejecutivo, «no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía».
Según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente catalán, quien está apoyado en su desafío por la coalición de fuerzas independentistas Junts pel Sí, todavía «tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla (la independencia) porque no la ha declarado».
En este marco, el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) reclamó a sus socios de Junts pel Sí fijar una sesión plenaria para que el parlamento regional proclame formalmente la independencia, pero la falta de acuerdo llevó a que la Junta de portavoces de la cámara, de mayoría independentista, suspendiera las sesiones de esta semana.
Pero ante estas presiones, la estrategia de Puigdemont es mantenerse en la ambigüedad, una posición con la que busca una negociación con el Ejecutivo español, siendo consciente de que llevará a una intervención del autogobierno de Cataluña, algo inédito en democracia.
«Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta», sostuvo Puigdemont en su carta, en la que pidió a Rajoy revertir «la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña» y concretar «lo antes posible» una reunión.
El presidente catalán mencionó concretamente las imputaciones del jefe de la policía regional, Josep Lluís Trapero, y de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, quienes están investigados por un delito de sedición, penado con hasta 15 años de prisión, y hoy declararon en la Audiencia Nacional de España.
Tras ser interrogado, Trapero eludió la prisión incondicional solicitada la Fiscalía, pero quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días, entregar el pasaporte y la prohibición de salir de España.
Sánchez y Cuixart, por su parte, están pendientes de la decisión de la jueza.
Puigdemont también se refirió a la «intervención y congelación de cuentas bancarias» del gobierno catalán y a la «brutal violencia policial» durante el referéndum del 1 de octubre, así como al cierre de sitios web relacionados con esta consulta.
Sáenz de Santamaría obvió las acusaciones de represión y subrayó que «no resulta creíble para nadie» que Puigdemont llame al diálogo al gobierno «cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán».
«Invitamos al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país», zanjó la vicepresidente en alusión al Congreso de los Diputados, «donde reside la soberanía», antes de reiterar al líder secesionista que «está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos».
El gobierno español dice estar preparado para desplegar el polémico artículo 155, pero cree que existe la posibilidades de que Puigdemont lo evite.
La razón es que existe una «preocupación creciente» en el seno del gobierno catalán, que atribuyen a tres factores que entraron en juego en los últimos días: la huida de empresas de la región, la constatación de que existe una fractura social y la ausencia de respaldo internacional, según confió hoy a Télam una alta fuente gubernamental que mantiene contacto con Puigdemont.
Es por ello que Rajoy recordó en su carta que la Unión Europea y los gobiernos de los distintos estados miembros expresaron «con rotundidad su posición contraria a la independencia y a la ruptura del principio de legalidad», mientras algunas agencias de calificación ya están planteando una posible recesión en Cataluña.
