El servicio ruso de inteligencia financiera anunció este viernes que la red de oficinas regionales del encarcelado opositor ruso Alexey Navalny fue añadida a la lista de organizaciones «extremistas y terroristas».

El organismo, Rosfinmonitoring, dijo en un comunicado que incluyó a las oficinas de Navalny en una actualización de su lista de «organizaciones y personas» que han participado en «actividades extremistas y terroristas».

En la lista ya figuraban, entre otros, grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).

El anuncio se produce en el mismo momento que la Justicia rusa estudia una demanda para reconocer a las organizaciones de Navalny como «extremistas».

Si esta demanda de la fiscalía es aceptada, las actividades de las organizaciones del líder opositor quedarían prohibidas y sus miembros y simpatizantes podrían ser condenados a largas penas de cárcel.

Ante esta posibilidad, las 37 oficinas regionales de Navalny anunciaron este jueves su disolución para evitar que su colaboradores y simpatizantes sean perseguidos penalmente.

Este viernes, también la policía rusa detuvo a un abogado que defiende a las organizaciones de Navalny y que estaba a cargo de varios casos de espionaje, informó su equipo en la aplicación de mensajes Telegram.

Ivan Pavlov está acusado de «divulgar informaciones sobre una investigación preliminar», un delito que puede castigarse con tres meses de cárcel, según la organización Komanda 29 que dirige el letrado.

Las oficinas del abogado en San Petersburgo también fueron registradas.

Su organización defiende a los rusos acusados en casos de traición o espionaje y también a la red de oficinas regionales del Fondo de lucha contra la corrupción de Navalny.

Esta semana, la Justicia rusa prohibió casi toda actividad al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), de Navalny, que ya no podrá, por ejemplo, publicar contenidos en Internet ni organizar manifestaciones.

Poco después, el director del FBK, Ivan Jdanov, indicó en las redes sociales que un tribunal de Moscú prohibió a la organización publicar contenidos en Internet, utilizar los medios públicos, organizar manifestaciones y recurrir a depósitos bancarios.

El opositor, de 44 años, fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde permaneció cinco meses para recuperarse de un presunto envenenamiento que atribuye al Kremlin y que éste negó desde un principio.

Navalny había caído en coma súbitamente en agosto pasado en Siberia y había sido trasladado a Alemania para ser hospitalizado.

Varios laboratorios europeos estimaron que había sido envenenado con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado en la era soviética con fines militares.

La Justicia rusa confirmó a mediados de febrero el veredicto contra Navalny, una sentencia que varios países y ONGs consideran como política y aumentó las tensiones con Rusia.

Tras el supuesto envenenamiento, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá adoptaron sanciones contra funcionarios rusos de alta jerarquía.