El Congreso de El Salvador continuaba este lunes por la mañana férreamente custodiado por militanres y policías luego de que anoche el presidente Nayib Bukele diera una semana de plazo a los diputados para que autoricen un préstamo externo, en una inédita llamada a una virtual insurrección civil.

Mientras tanto, embajadores acreditados en el país y organismos internacionales expresaron su preocupación por el conflicto originado este domingo cuando, escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la PNC, Bukele irrumpió en la sede legislativa para exigir a los diputados que aprueben un polémico préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.

La Delegación de la Unión Europea (UE) El Salvador dijo en las últimas horas, en un comunicado, que el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática, y que causaría un daño a la convivencia y a la imagen internacional del país.

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“Las relaciones de la Unión Europea con sus socios siempre se han basado en un conjunto de principios universales, entre otros el Estado de Derecho, el respeto al pluralismo político y la separación de poderes, que garantizan una democracia estable y duradera”, explicó la UE, citada este lunes por el diario local El Mundo.

Desde la mañana de este domingo, grupos de francotiradores se apostaron en los edificios oficiales de los alrededores del Centro de Gobierno, mientras en las calles, soldados y policías con los rostros cubiertos realizaron registros a los transeúntes, informó el diario El Salvador en su página web.

Luego de la irrupción del presidente en la sede legislativa pocos diputados acudieron a la plenaria ordenada por el Consejo de Ministros, y quienes lo hicieron vieron con molesta el fuerte dispositivo policial y militar, según informó el periodico salvadoreño La Prensa Gráfica en su edición web.

El matutino subraya que el malestar alcanzó a los legisladores que simpatizan con el presidente Bukele.

«Hay que reconocer que en este momento se han visto circunstancias que no se habían visto jamás en la historia de nuestro país», dijo el diputado de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Mario Tenorio.

En la misma línea, el líder del Partido de Concertación Nacional (PCN), Antonio Almendáriz, dijo que el partido apoya la aprobación del empréstito pero no el uso de las fuerzas de seguridad como medida de presión.

«Jamás, ni en mi vida militar ni durante el conflicto armado ni mucho menos mi vida como diputado, habíamos visto esto», comenzó diciendo Almendáriz.

Hace unas semanas, las bancadas opositoras que controlan la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo unicameral de El Salvador, decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el préstamo del BCIE que el gobierno de Bukele había pedido como prioridad.

El préstamo, a pagar en 20 años y con 36 meses de gracia, se utilizará para financiar la fase III del Plan Control Territorial, que consiste principalmente en modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía con «equipo e infraestructura de videovigilancia», «movilidad estratégica», «equipo táctico» y «hospitalario».

El centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, no apoyan el préstamo porque, aseguran, no tienen garantías del gobierno de cómo se ejecutará y fiscalizará.

El mandatario prefirió entonces dar un plazo de una semana para que los legisladores aprueben el crédito, aunque lo hizo con un anuncio público de tensiones.

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución”, agregó, según citó La Prensa Gráfica.