El juicio al ex presidente de Ecuador Rafael Correa y otros 20 imputados en un caso por supuestos delitos de corrupción fue suspendido este miércoles a causa de un recurso de recusación presentado por la defensa legal del ex mandatario contra los jueces que integran el tribunal, según fuentes judiciales.
La Fiscalía General del Estado confirmó la suspensión de las audiencias hasta que se resuelvan los recursos, que deberán ser analizados por un tribunal superior.
La recusación, según informó El Comercio, fue fundada por la defensa de Correa en una supuesta parcialidad y en el hecho de que los magistrados Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela fueron seleccionados sin sorteo para llevar esta etapa del juicio.
En el juicio, que había comenzado el pasado lunes, se ventilan presuntos delitos de corrupción englobados en el denominado Caso Sobornos, en el que se investiga un supuesto esquema paralelo de financiación electoral e implica a 21 ex funcionarios y empresarios, incluido el ex presidente Correa, quien reside en Bélgica.
El lunes, el abogado defensor Fausto Jarrín acusó a los jueces del caso de querer apurar el proceso legal para llegar a una sentencia firme antes del 7 de octubre próximo, cuando vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales de febrero de 2021.
Si Correa llega a esa fecha con una sentencia firme -la Corte Nacional de Justicia es la máxima instancia judicial del país-, no podrá ser candidato a ningún cargo.
El ex presidente es uno de los principales candidatos opositores al gobierno de su sucesor y ex vicepresidente, Lenin Moreno, quien poco después de asumir rompió su alianza y, gradualmente, se fue acercando a dirigentes y partidos de la derecha tradicional ecuatoriana.
El llamado Caso Sobornos nació en abril del año pasado con una denuncia periodística y, menos de una semana después, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y presentado la acusación contra 11 ex funcionarios y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.
Según la denuncia que presentó la fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última reelección del mandatario en 2013.
Entre los acusados también está el compañero de fórmula de Correa en esa elección, el ex vicepresidente Jorge Glas, quien está preso en una cárcel de máxima seguridad por otro caso de corrupción.
La Fiscalía estimó que el gobierno de Correa recaudó más de 7 millones de dólares de esta manera.
Correa, quien se instaló en Bélgica con su familia después de terminado su mandato y no volvió al país para someterse de manera presencial a la Justicia, siempre negó las acusaciones de corrupción y aseguró que los pagos detallados por la Fiscalía en su contra fueron legales y declarados en su momento.
Uno de los más de 100 testigos que llamará la Fiscalía para argumentar a favor de su denuncia es José Conceição Santos, el ex representante legal en Ecuador de Odebrecht, la empresa brasileña que quedó en el centro de un esquema regional de corrupción y cuyo accionar es investigado en otras causas en el país, como la que terminó en la prisión preventiva del ex vicepresidente Glas.
