El negociador europeo para el Brexit expresó este jueves su deseo de poder alcanzar «progresos decisivos» en los dos próximos meses en las discusiones de divorcio con Reino Unido, que enfrentan actualmente a un bloqueo en la crucial cuestión financiera.

«Estoy convencido (…) que, con voluntad política, podemos alcanzar progresos decisivos en los próximos dos meses», aseguró el francés Michel Barnier en una rueda de prensa junto a su par británico David Davis, al término de la quinta ronda de negociaciones en Bruselas.

La cuestión financiera, junto a los derechos de los ciudadanos europeos y al porvenir de la frontera en la isla de Irlanda, forma parte de las prioridades del divorcio que la UE quiere solucionar antes de empezar a discutir sobre la futura relación, como reclama Londres.

El objetivo inicial era que los mandatarios europeos, sin su par británica Theresa May, confirmarán «progresos suficientes» en la negociación del divorcio durante la cumbre prevista el 19 y 20 de octubre en Bruselas, si bien Barnier ya advirtió que no podrá ser.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya había dejado entrever que ese objetivo se atrasó hasta diciembre, cuando esperan constatar los progresos, si bien abrió la puerta a iniciar la discusión sobre el futuro si entonces las negociaciones siguen «a un ritmo lento».

Esta segunda fase incluiría la discusión sobre un eventual período de transición de dos años tras la marcha de Reino Unido a finales de marzo de 2019 y sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos. Con todo, el negociador británico urgió a los líderes a dar ese «paso adelante» la próxima semana.
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– Punto muerto financiero -.
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Casi cuatro meses después del inicio de las negociaciones, la quinta ronda finalizada este jueves no registró un «gran paso adelante», a juicio de Barnier, quien expresó especialmente su «preocupación» respecto a la cuestión financiera.

«En esta cuestión, nos encontramos en un punto muerto muy preocupante» tanto para los propulsores «de proyectos en Europa como (…) para los contribuyentes», lamentó el francés, quien explicó que «no hay concesiones de ninguna de las dos partes en esta cuestión».

Aunque ninguna de las partes confirmó sus respectivas proyecciones públicamente sobre la factura a pagar por Londres por sus compromisos financieros adquiridos como miembro de la UE, esta podría elevarse a entre 60.000 y 100.000 millones de euros, según fuentes europeas.

Davis reiteró la promesa de la primera ministra británica, expresada en septiembre durante un discurso en Florencia (Italia), de respetar sus compromisos con el presupuesto de la UE, aunque advirtió que un acuerdo sobre «compromisos específicos» sólo «puede llegar más tarde».

Respecto al situación de la frontera entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte, el negociador de Reino Unido considera que esto no puede resolverse sin conocer antes los acuerdos finales sobre «la situación aduanera y el mercado único», dos aspectos de la futura relación.

Otra de las diferencias a resolver es cómo garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido. La UE considera que la jurisdicción competente es el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), algo que los británicos rechazan de plano.

La cuestión de los derechos preocupa especialmente a los europeos residentes en Reino Unido, máxime cuando este colectivo fue uno de los blancos de los partidarios del Brexit durante la campaña del referéndum en junio de 2016 en Reino Unido en la que el sí al divorcio se impuso.

El dirigente de asociación de europeos The 3 Million, Nicolas Hatton, urgió en este sentido a ambas partes a «anteponer la gente a la política y acordar finalmente la protección» de los derechos de los europeos residentes en Reino Unido «en su forma actual», aunque «no se llegue a un acuerdo sobre otros asuntos».