Un centenar de economistas europeos, encabezados por Thomas Piketty, publicaron un documento en el que solicitan que el Banco Central Europeo (BCE) cancele la deuda de los Estados miembro y que a cambio destinen esos montos a la reconstrucción ecológica y social.

En el caso de España, suscribieron la nota la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez y otros profesionales de la disciplina como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero y Jorge Fabra Utray, entre otros.

El manifiesto publicado por el diario El País expone que quienes lo firman ven “positivo y útil” el debate sobre la anulación de  las deudas, en un contexto en el que casi el 25 % de la deuda pública de Europa está en las arcas del Banco Central Europeo, siendo el monto total de unos 2.500.000 millones de euros para todo el continente.

Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social.

A su juicio, los firmantes estiman que “el BCE puede permitírselo”, ya que un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad y “puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas”.

Enseguida, señalan que para hcerlo “solo cuenta la voluntad política” y que la historia les ha demostrado “muchas veces que las dificultades jurídicas se ven superadas por los acuerdos políticos”.

En su opinión, el pacto suscrito entre los Estados y el BCE impedirá una estrategia de “escape de responsabilidad”, aunque “no será suficiente y hay que tomar otras medidas en materia de reforma de los criterios de deuda y déficit, de proteccionismo ecológico y solidario, de reformas fiscales destinadas a reducir el nivel de desigualdad”.

“Europa ya no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas”, indica la nota, mientras que otros Estados del mundo utilizan al máximo su política monetaria, en apoyo de la política fiscal, como China, Japón o Estados Unidos.

Por su parte, el BCE estimó que “la cancelación de  la deuda es ilegal, según los tratados” y que no tiene “ningún sentido económico o financiero en absoluto”.