Una crisis hídrica sin precedentes por ausencia de lluvias y la falta de planificación e inversiones del gobierno de Lacalle Pou tiene en vilo a los uruguayos, que pueden quedarse sin agua potable en la primera semana de julio, en una situación que disparó el consumo del agua embotellada y también su precio, y afectó la industria alimenticia y de elaboración de refrescos.
La represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo a 60% de la población uruguaya (Montevideo y área metropolitana), llegó a su mínimo histórico y sus reservas llegan a 3,5 millones de metros cúbicos.
La empresa estatal de aguas (OSE) está utilizando unos 150.000 metros cúbicos por día y, como no es suficiente, la mezcla con agua salada del Río de la Plata. Luego la distribuye a la población. La fecha límite de entrega de agua potable a la población es de aquí a 20 días.
La falta de reservas en Paso Severino supuso la necesidad de completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada por OSE a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable.
En la canilla, el agua sabe salada. Los estudios del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia de Montevideo confirman los aumentos considerables de sodio y cloruro en el agua, muy por encima de los valores permitidos.
El consumo de agua embotellada casi se ha triplicado debido a la recomendación médica de no consumir agua del servicio público a hipertensos, enfermos renales, menores de seis meses, entre otros, y por el rechazo que genera el agua salada en parte de la población (según sondeos de opinión solo 30% no está comprando agua).
Según un informe de Scanntech Uruguay, las familias uruguayas le asignan 30% más de presupuesto a la compra de agua embotellada. La venta -en relación al año anterior- aumentó 224%, de acuerdo al reporte.
El Frente Amplio asegura que dejó pronta en 2019 la financiación de una segunda represa (Proyecto Casupá) para abastecer de agua potable al área metropolitana con un costo de 100 millones de dólares.
El nuevo gobierno descartó ese proyecto y se planteó una iniciativa privada para extraer agua del Río de la Plata por 258 millones (proyecto Neptuno), que recién comenzaría a construirse el año próximo. Esta semana dos consorcios presentaron ofertas a OSE en el marco de la licitación del proyecto Neptuno.
