Alquiler social: “Pensar otro régimen para grandes sectores sociales que, a pesar del boom inmobiliario, se quedan afuera”

Como resultado de una causa judicial por lavado de activos, el Gobierno de Santa Fe recuperó un edificio de tres plantas y 27 habitaciones, ubicado en Buenos Aires al 1000 de Rosario. El objetivo es repararlo y subastarlo, pero el concejal del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Leonardo Caruana, tiene otra idea: presentó un proyecto que comenzó a tratarse este lunes en la comisión de Planeamiento, para que la provincia cesa el inmueble al municipio y se realice una prueba piloto de “alquiler social”, a precios más bajos que los del mercado y con menores exigencias para el ingreso, destinado a la población más vulnerable en materia de acceso a la vivienda.

“Nosotros tenemos una propuesta. Primero, un decreto que le pide el Poder Ejecutivo local a la provincia la cesión de este edificio decomisado, y después de la cesión una ordenanza que avanza en el régimen de alquiler social”, explicó el concejal en diálogo con Conclusión.

El inmueble de tres pisos de Buenos Aires al 1000 tiene un cartel que informa a quienes pasen por allí que se trata de un bien decomisado “al delito”. Cuatro policías montan guardia en la puerta para evitar que sea intrusado.

“Esto es tomar esta oportunidad que tenemos de un edificio decomisado, con 27 departamentos, 3 pisos, para un régimen que el municipio, a través del Servicio Público de la Vivienda, puede establecer, que es garantizar el acceso a familias que en condiciones habituales no pueden acceder a un régimen de alquiler”, sostuvo el impulsor de la iniciativa.

Caruana explicó que su propuesta cuenta con antecedentes “de muchos municipios en el mundo que lo hacen, países como Uruguay, como España lo vienen haciendo desde hace tiempo. Con un precio más bajo, con contrato y en forma regular, es decir, no incentivando la utilización y la ocupación informal de inmuebles, sino hacerlo de forma legal y hacerlo de una forma que garantice lo que hoy es un problema en la sociedad, que tiene que ver con la posibilidad de tener una casa”.

Con los salarios deprimidos y el crédito hipotecario casi inexistente, la propuesta apunta a un tipo de alquiler social, a modo de prueba. Y que no solo incluya a bienes decomisados en causas judiciales, sino que también pueda ampliarse a inmuebles bajo la posesión estatal que no están siendo utilizados.

“El sin hogarismo, ya lo vemos con la cantidad de personas en situación de calle, se ha duplicado, triplicado en los últimos años, con las familias en situación de calle. Tiene que ver con esto, con que los valores de alquileres que hoy están en el mercado no alcanzan para ser sostenible para una familia. Que el Estado tome una iniciativa, así como la toma en educación, la toma en salud, o la ha tomado en hábitat y en el desarrollo, por ejemplo, de la descentralización de esta ciudad, que tome el tema de la problemática de la vivienda también como una política dentro de una perspectiva de los derechos humanos”, propuso el edil del FAS.

En Rosario se construye a buen ritmo, aunque no al mismo que años anteriores, durante el período conocido como el “boom inmobiliario” que plagó de edificios en altura los barrios del macrocentro y el exclusivo Puerto Norte, por ejemplo. Sin embrago, se trata, por lo general, de lo que se denomina “especulación inmobiliaria”, que consiste en destinar a ese rubro el excedente de recursos provenientes de otras actividades, como el agro.

Esos proyectos, sostuvo Caruana, “tienen que ver con la acumulación que el propio capital genera, pero no hay una distribución integrada de esa oferta como para que se pueda acceder”. Eso hace que algunas personas acumulen propiedades o inviertan en construcciones que, en ocasiones, ni siquiera se suman al mercado de alquileres local contribuyendo a incrementar la oferta.

“Nosotros creemos que ese desarrollo no equilibra ni integra este otro sector, por eso es necesaria la regulación del Estado”, dijo el concejal, para agregar que “tienen otros valores, tienen que ver con la acumulación que el propio capital genera, pero no hay una distribución integrada de esa oferta como para que se pueda acceder y, de hecho, personas con discapacidad, personas que son víctimas del desalojo, personas que hoy ya están en situación de calle o en hogares en tránsito, tendrían alguna posibilidad distinta si uno ofrece también un mecanismo activo, o sea, un involucramiento del Estado en la política de viviendas”.