El concejal Caruana propone realizar una prueba piloto de “alquiler social” en un inmueble decomisado en una causa por lavado de activos, ubicado en el centro de Rosario. “es garantizar el acceso a familias que en condiciones habituales no pueden acceder a un régimen de alquiler”, dijo.
El indicador muestra una diferencia importante entre el precio de las propiedades y lo que gana un hogar promedio. En nuestro país, una familia necesitaría destinar el equivalente a 22,7 años de ingresos completos para poder comprar una vivienda.
Las operaciones inmobiliarias muestran una fuerte desaceleración durante 2026 tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba. El freno de los créditos hipotecarios, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades económicas impactan de lleno en el sector.
Un informe privado reveló que las principales preocupaciones de este sector dejaron de estar en el hogar. El derrume en los ingresos mostró nuevos ítems a los que prestar aención, como salarios y trabajo.
La dificultad no responde a una sola causa, sino a la combinación de falta de empleo, salarios bajos y altos niveles de informalidad laboral. Al respecto, el desempleo juvenil duplica al de quienes sí lograron mudarse solos y se suma que los trabajadores de esta franja etaria ganan, en promedio, un 10% menos que el conjunto de la Población Económicamente Activa (PEA).
