Caso de la partera Dolly: “Está demostrado que vendía a los niños”
A horas de la definición del tribunal sobre la prescriptibilidad o no de la causa, el abogado de la querella Juan Singer adelantó a Conclusión la posibilidad de una “catarata de denuncias” dada la gran cantidad de casos que salieron a la luz a raíz de la investigación judicial.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, Dolly Viale de Garrido, la mujer de 88 años procesada por la apropiación y entrega de bebés durante la década del 70 compareció ante la Cámara Federal para una audiencia decisiva, ya que su abogado había solicitado la prescripción de la causa. Del otro lado, un grupo de personas que buscan a sus familias biológicas se concentró para pedir que la investigación continúe.
La salida fue tensa: la acusada abandonó el lugar en un patrullero de la Prefectura, mientras los manifestantes exigían verdad y justicia. El caso, centrado en Rosario y localidades vecinas, involucra a siete personas que aún hoy buscan reconstruir su identidad.
Durante la audiencia, el defensor y la fiscal Soledad García de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas esgrimieron sus argumentos. En tanto, García pidió un plazo de unos dos años para investigar todo lo que conlleva el accionar de la partera, quien se abstuvo de declarar. Luego, los jueces dispusieron un cuarto intermedio y anunciaron que darán a conocer su resolución este miércoles a las 12.30. La audiencia será en los tribunales federales de Entre Ríos 435.
“Nuestra postura es que no prescribió dado que los efectos perniciosos del delito se observan hasta hoy, para mí es un delito de lesa humanidad”, expuso su postura el abogado de la querella Juan Singer, en diálogo con Conclusión.
“Las personas han perdido su información filiatoria, ya que no se llevó registros de los nacimientos. En esa época lo que decía la partera era ley, por eso la responsabilidad es mayor. Además, no se sabe si no ha tenido participación con el gobierno de facto”, continuó el letrado, quien representa a dos de los denunciantes en la causa.
A su vez, hizo hincapié en la evidencia que recabaron contra la partera: “Está demostrado que vendía por dinero a los niños, en el caso de una de las víctimas hay una donación de una propiedad a la partera al momento de la entrega, eso está comprobado”.
Dolly Viale de Garrido se encuentra acusada de los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años (artículo 139 del Código Penal) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293 del mismo código). El juez Eduardo Rodrigues Da Cruz había dispuesto semanas atrás medidas para evitar la salida del país de la mujer de 88 años y su presentación periódica ante los tribunales.
Catarata de denuncias
La partera fue imputada a raíz de un caso de 1970, en el que habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba. El papel acreditaba que E.A.Q. y A.T.B. -ambos ya fallecidos- como los padres biológicos de la niña, llamada Carmen Q.
Otra de las posibles víctimas, de Roberto Fargioni, refiere que sus padres putativos lo fueron a buscar a Lamadrid y Ayacucho, frente al Batallón 121, donde vivía Dolly con esposo y sus tres hijos.
Un papel fundamental lo tiene Silvina Garrido, quien realizó una denuncia contra Dolly, su propia madre, debido a que podría no ser descendiente biológica. Los casos abarcan un plazo de doce años, lapso entre el nacimiento más antiguo (el de Silvina) y el más cercano en el tiempo, pero podría hacer muchas más víctimas.
Sin embargo, el abogado remarcó que “hay otros posibles denunciantes, unos diez o doce, al menos”. “Temen una catarata, una gran afluencia de personas que habrían sido apropiadas, que hoy están viviendo en distintas partes del país y en el exterior. Hay infinidad de casos”, alertó el abogado.
“La Oficina de Asistencia a la Víctima está colapsando por la cantidad de consultas que hay”, manifestó Singer, al tiempo que contó que “mucha gente me consultó porque esta partera figura en su partida de nacimiento.
Al tomar estado público el caso, muchas personas relacionadas a la causa o que podrían ser víctimas de apropiación ilegal se acercaron a la audiencia este martes, por lo que para este miércoles se dispuso de dos recintos para poder recibir a los asistentes. En caso de completarse la capacidad de la sala de Entre Ríos 435, se podrá seguir por videoconferencia en las oficinas del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario (Mitre 601, planta baja).
Por último, antes de la definición del tribunal, Singer señaló que “sería muy grave para la sociedad que se declare la prescriptibilidad, en ese caso se va a apelar, incluso a nivel internacional”.
La investigación continúa, a su vez, con la búsqueda de personas que puedan aportar información sobre el caso. Por lo tanto, el Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, puso a disposición el correo electrónico [email protected] para quienes cuenten con datos relacionados a la causa o requieran asistencia.