A la Justicia. Esta mañana, desde las 11, la Multisectorial contra los Tarifazos presentó una denuncia penal contra Litoral Gas por “extorsión e incumplimiento de una orden judicial que impide el retiro de medidores y cortes del servicio por falta de pago”, una situación que se está produciendo con varias personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y económica.
La denuncia se realizó ante el ministro de la Acusación Penal, en el centro de Justicia Penal -Virasoro y Sarmiento- y estuvo a cargo del abogado Juan Alcaraz.
«Presentamos una solicitud de investigación al fiscal provincial por el posible cometimiento de delito de Litoral Gas para que se investigue el accionar de la empresa por intimaciones, eliminar los medidores o cortar el servicio, lo que a nuestro entender significa delito de extorsión», detalló a Conclusión el letrado.
Así dijo que existen una serie de denuncias porque «están lloviendo intimaciones de apercibimientos del retiro de medidores, incluso en casos que ya presentamos y demostramos que estaban en situaciones de vulnerabilidad social y económica».
«Consideramos que es ilegal por eso queremos que se investigue el incumplimiento de la orden judicial de impedimento del retiro de medidores», finalizó.
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Mientras que desde la empresa dijeron a Conclusión que en base a la denuncia estudiarán cada caso concreto.
“Cuando la persona está debiendo facturas se manda una nota solicitándole que pague las facturas o que muestre su condición de vulnerabilidad. Ahora si no hay ningún tipo de presentación o bien la persona no viene, se habilita la posibilidad de corte pero previamente se analiza la situación de la persona”, explicaron desde la gerencia.
Luego señalaron que “todas las personas que tienen tarifa social son consideradas vulnerables” y aclaró que “la cautelar no impide a la compañía gestionar el pago de la deuda”.
Conclusión también consultó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), respecto a las políticas de la empresa ante casos de falta de pago y aseguraron que “el servicio no se corta”, sino que siempre se busca hacer un convenio de pago -hasta 12 cuotas para residenciales y 99 para quienes están en una situación crítica-.
“Cada vez hay menos posibilidades de que deban y si hay voluntad de pago se resuelve y es muy difícil que se corte el servicio”, destacaron.
