Pasan los años y la lucha incansable de los trabajadores del Centro Cultural La Toma por defender el lugar no termina. Tal como había ocurrido en diciembre de 2015, donde meses después cientas de personas se reunieron en la puerta del establecimiento para mostrar resistencia ante un pedido de desalojo, nuevamente el fondo Sedesa S.A. vuelve a exigir que se cumpla con la sentencia dispuesta en 2001, a pesar de las leyes sancionadas en estas décadas por la Legislatura de Santa Fe.
Por ello mismo, este miércoles 3 de julio, desde La Toma convocan a una manifestación a las 17.30 en la puerta del centro cultural de Tucumán 1349, en un evento de resistencia que contará con la presencia del Movimiento Sindical Rosarino, el Movimiento Obrero Rosarino, las dos CTA, los organismos de Derechos Humanos, los políticos que encabezaron las listas de las candidaturas a diputados -Marcos Cleri, Octavio Crivaro y Enrique Estévez- y los trabajadores del Bauen.
En diálogo con Conclusión, el director de La Toma, Carlos Ghioldi, contó acerca de la larga problemática y los últimos 18 años de lucha, asegurando que el conflicto que hoy en día recae sobre el espacio cultural se debe a que “los poseedores nominales de la papelería, de los títulos, de una hipoteca residual impaga en 1993 por los antiguos dueños del supermercado Tigre -es decir, hace 26 años-, han desconocido todas las leyes sancionadas por la Legislatura de Santa Fe” que les “dieron el lugar de manera unánime” y les “otorgaron la utilización del predio y las maquinarias”, mantienen el litigio contra ellos y “piden la ejecución de una sentencia de desalojo que está desde 2001”.
“Este lugar fue comprado con una hipoteca que nunca se pagó hace 26 años. Siete bancos quebraron y tuvieron en sus manos esos papeles, y ahora un fondo residual -de basura bancaria- llamado Sedesa -Servicios de Depósitos Sociedad Anónima-, que le aterrizaron los papeles, pide la ejecución del desalojo”, explicó Ghioldi, que no obstante resaltó que durante los diez años que funcionó el supermercado Tigre “jamás reclamaron nada de que le paguen la hipoteca” y “lo reclaman recién cuando los trabajadores se hicieron cargo del lugar y después de 18 años”.
Este mismo reclamo ya lo habían realizado en diciembre de 2015, cuando meses después la gente también se movilizó de forma masiva a la puerta del lugar. En aquel entonces, el juzgado abrió una mesa de negociación con la provincia, la universidad, el municipio y los directivos de La Toma, pero desde Sedesa rompieron unilateralmente la negociación para pedir esta ejecución.
En el medio del camino y de estos 18 años de reclamo hubo leyes de expropiación en favor del espacio cultural y de los trabajadores, “pero las mismas fueron recurridas y consideradas inconstitucionales por el mismo Poder Judicial, o pedazos, que nunca dijeron nada de estas maniobras fraudulentas de los empresarios”, contó Ghioldi a este medio.
“Es una historia más de una resolución política. La compra de la hipoteca por parte de la entidad de las instancias estatales que están en este lugar es la salida más racional y más ajustada a la situación actual. Es la única salida, porque tenemos leyes a favor nuestro pero ellos no las quieren reconocer. Ellos agitan una papelería de hace 26 años. El Estado está en este lugar desarrollando políticas activas de inclusión social junto con nosotros (desde la desmanicomialización, la atención de la gente en situación de calle, la galería de artes de la Facultad de Humanidades, desde que funcionan dependencias de la universidad, el comedor universitario), y nosotros no cobramos ni recibimos un centavo del Estado. Es decir, que el Estado está utilizando el lugar junto a nosotros. Esto es muy importante aclararlo, nosotros no recibimos un centavo de ninguna entidad estatal: ni municipio, ni provincia ni universidad. La bancamos nosotros. Eso hace que el uso sea compartido”, continuó el director de La Toma en diálogo con Conclusión.
Finalmente, y a modo de reflexión en las horas previas de una nueva e intensa jornada de resistencia, Carlos Ghioldi expresó: “Si nosotros, los trabajadores y las organizaciones populares, hace 18 años estamos resistiendo esta orden de desalojo, es por la inmensa solidaridad del conjunto del pueblo. Esa solidaridad genera una enorme responsabilidad, aunque estuviésemos cansados, tenemos la obligación ética de defender con la vida la pertenencia de este lugar al conjunto del pueblo. Eso es lo único que podemos decir, es una obligación enorme dejar hasta la última gota de aliento y de vida en defender este lugar. Por lo tanto, lo único que podemos decirles a las aves negras, a los buitres estos que pretenden especular con el desalojo, que ni lo piensen, que no nos moverán y por aquí no va a pasar ningún desalojo, aunque sea lo último que hagamos en la vida”.
