Desde hace 17 años los vecinos de la zona de Cullen y Sorrento, en el barrio Empalme Graneros, vienen sufriendo varios intentos de desalojo en una puja por la titularidad de las tierras. Es que desde 1999 pesa sobre ellos una orden de desalojo por parte de la Compañía Santafesina de tierras que pretende expulsar a las más de 400 familias que viven en las 12 hectáreas en cuestión.
Hoy, una vez más, el conflicto vuelve a estar en la agenda mediática. Desde mitad mañana se lleva a cabo una nueva audiencia en Tribunales provinciales para tratar de destrabar el problema que lleva años sin resolverse y que revive en los vecinos el temor de perder sus humildes hogares y los vínculos de supervivencia ligados al barrio que habitan desde hace 30 años. La última orden de desalojo tiene fecha para el 15 de abril de este año.
En ese contexto, distintos concejales de la ciudad tratan de buscar alternativas. Uno de los proyectos es el impulsado por la edila Celeste Lepratti y por el diputado provincial Carlos del Frade, a través de la organización social ‘Causa’, que plantea una propuesta integral de urbanización popular.
La iniciativa consiste en la creación de un fideicomiso popular para la urbanización del barrio a través de un fideicomiso creado por el aporte de diferentes tipos de recursos por parte de los involucrados e interesados, que consiste en:
1º aporte: El Estado Provincial y Municipal: con las obras públicas necesarias para urbanizar apertura y pavimentación de calles, forestación y espacios verdes, red eléctrica y de alumbrado público, red de aguas y cloacas, red de gas.
2º aporte: Los vecinos con una cuota mensual del 20% de sus ingresos para adquirir la titularidad de las tierras.
3º aporte: Compañía Santafesina de Tierras con la cesión de forma onerosa de las tierras al fideicomiso.
4º aporte: Gastos administrativos del Fideicomiso al conformarse una unidad ejecutora del plan de urbanización, integrada por un equipo técnico, representantes del estado, vecinos y organizaciones sociales para cumplir con las obligaciones del proyecto: económicas, creación de cooperativas de autoconstrucción de viviendas, loteo de los terrenos, prácticas de convivencia ciudadana.
Este fondo será administrado por el Banco Municipal de Rosario y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales, y la Compañía Santafesina de Tierras.
«El derecho a una vivienda digna es impostergable. Es responsabilidad del estado y compromiso de las organizaciones sociales proponer e implementar soluciones definitivas. No es un problema entre privados, no es sólo una demanda de desalojo. Es una oportunidad para garantizar derechos, es proponer y construir una ciudad que incluya a los sectores populares. la tierra y la vivienda son derechos a garantizar no negocios a concretar», expresó Lepratti.
El proyecto del fideicomiso será presentado hoy en la audiencia.
Otra de las alternativas viene de la mano del concejal Eduardo Toniolli junto a otros ediles del Frente para la Victoria, quien anunció la presentación de una iniciativa solicitando al Ejecutivo municipal la elaboración -tal como lo establece el Código Urbano- de un Plan Especial para el área en cuestión.
Así, Toniolli señaló que «el Código Urbano define claramente el predio en disputa como ‘Área de Reserva para Reordenamiento Urbanístico y Regularización Dominial’, que corresponde a aquellos sectores en los que hay asentamiento irregulares consolidados, para los que se dispone una regularización en el mismo sitio». Y agregó: «Esto convierte en un absurdo al desalojo que pretende la empresa que esgrime título de propiedad del predio, porque hay normativas que ya establecen un uso; y -por otra parte- obliga al Estado municipal a avanzar en el correspondiente Plan Especial, en el que se debe planificar el trazado definitivo de calles, el nuevo parcelamiento y los indicadores urbanísticos propios para ese sector, desarrollo que no se contradice para nada con una eventual solución de fondo, como la expropiación u otras alternativas».
Asimismo, el concejal justicialista (acompañado en la iniciativa por las concejales Lorena Gimenez, Marina Magnani y Norma López) manifestó que «deberá además mensurarse el impacto de las obras ya realizadas, como la del Aliviador III Conducto Sorrento, y las proyectadas, como la del Aliviador III Conducto Grandoli -que traerán consecuencias positivas, reduciendo la mancha de inundabilidad en el sector-, tal como lo establece la Ordenanza 8876, que exige se revisen las restricciones a determinados usos del suelo (en este caso la construcción de viviendas), en función de las obras de infraestructura que se vayan realizando».
Por último, Toniolli criticó las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz y de funcionarios municipales que «suelen referirse a la situación que atraviesan alrededor de 3 mil personas que viven hace décadas en ese predio, como un conflicto entre privados». Y agregó: «Para nosotros es un drama social, irresoluble desde el plano exclusivo del sistema judicial, en el que deben involucrarse los otros poderes del Estado para avanzar en la urbanización y en el acceso a servicios básicos para los habitantes de la zona, que han mostrado en más de una ocasión la voluntad de regularizar su situación».
