En un conflicto que se remonta varios años atrás, hoy el club Logaritmo enfrenta una situación compleja en Ibarlucea, ya que por orden judicial deberá afrontar la apertura de tres calles de orden público que habían sido usurpadas por el predio barrial cuando comenzaron a vender los lotes del supuesto barrio cerrado.
«Nos vendieron los lotes como barrio cerrado pero resulta que cerraron tres calles públicas sin autorización, además de que no brindan los servicios correspondientes como agua, gas, recolección de basura, ni seguridad y nos estafan con las expensas y nos obligan a ser socios del club», contó indignado Leonel, uno de los vecinos en conflicto, a Conclusión.
En ese contexto, el juez correccional Rodolfo Zvala, a pedido del fiscal Carlos Covani de la Fiscalía Nº 3 que lleva adelante la investigación, ordenó que se abran las calles públicas Las Leonas, Los Pumas y avenida Logaritmo pertenecientes a la comuna de Ibarlucea, por presunto delito de usurpación. La orden deberá ser ejecutada por la Policía.
Los propietarios disconformes son alrededor de 100 y los reclamos se iniciaron a raíz de una serie de problemas entre ellos y la entidad deportiva que evidenciaba ciertas irregularidades.
«Muchos de nosotros compramos los lotes pensando que era un barrio cerrado hasta que nos dimos cuenta que habíamos sido estafados y engañados, realmente me equivoqué», expresó Leonel al tiempo que aclaró: «No tengo nada en contra del club, al contrario, simplemente pedimos que las cosas se hagan de manera legal y que nos devuelvan la plata que nos corresponde. Me pone muy triste, pero es necesario llegar a una solución».
Por cerrar bienes del Estado de manera ilegal y sin consentimiento alguno de la comuna de Ibarlucea, las autoridades de la entidad están imputadas y con pedido de procesamiento ante los Tribunales de Rosario de un delito de acción pública que se investiga.
El conflicto no sólo tiene un costado penal que refiere a la usurpación de calles públicas sino también un costado civil en el que el club considera que el barrio colindante es propiedad de la entidad lo que lo habilita a cobrar mensualmente expensas y la obligatoriedad de ser socios, cobrando el abono de una cuota mensual. «Mantienen el club con la plata de los vecinos, uno se cansa», disparó Leonel a Conclusión.
Por lo pronto, lo que pide el fiscal, y lo que sentenció el juez, es el cese del «estado antijurídico» en lo que atañe a bienes del Estado. El juez no va a resolver el problema de fondo que se dirime en el fuero civil, pero sí puede, mientras se investiga al sujeto del delito (a quién cerró las calles) frenar el efecto de ese delito (el cerramiento mismo), para que las consecuencias no sigan ocasionando prejuicios.
Ahora bien, ¿cuál será el futuro del predio y de sus habitantes acostumbrados a vivir en un lugar cerrado cuando las tres calles en cuestión sean abiertas al público?
Según expresaron a Conclusión un tercio de los vecinos, aquellos que se encuentran en conflicto y exigen el «orden legal» de la situación, esperan encontrar una solución con la comisión del club que permita arribar a una medida inmediata. No obstante, otro tercio de los vecinos se halla a favor del club -integrantes de la institución, históricos de Logaritmo y sus hijos- y otros habitantes del lugar prefieren mantenerse al margen.
Esta historia continuará…
