«La Rambla se defiende»: denuncian que el municipio desoye a la Justicia y avanza sobre el espacio público

Bajo la consigna «La Rambla se defiende», una nutrida columna de manifestantes se apostó este mediodía frente a los Tribunales provinciales de Rosario. El reclamo es claro y urgente: el cese inmediato de las obras destinadas a la construcción de un parque acuático en la zona de la Rambla Catalunya, un proyecto que, según denuncian, avanza de manera ilegal y sin consenso social.

Rogelio «Chango» Bramajo, referente de la agrupación Nadadores de Aguas Frías (NAF) Rosario, expresó la preocupación colectiva ante lo que consideran un atropello a la institucionalidad. «Nos llama poderosamente la atención y le pedimos eso a los tribunales: que hagan cumplir las resoluciones de los jueces porque las obras están continuando», señaló Bramajo, subrayando que durante toda la feria judicial se ignoró la orden de detener los trabajos.

Para los manifestantes, el avance de las topadoras no es solo un problema ambiental, sino también una muestra de autoritarismo político. Bramajo cuestionó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo municipal: «El señor intendente está convencido de que somos pocos, de que no hay necesidad de consultar a la población rosarina, de que no hay necesidad de consultar al Concejo Deliberante, a los concejales y a las comisiones de Ambiente y Planeamiento».

Según el referente de NAF, esta actitud responde a una lógica de gestión que ignora la opinión ciudadana. «El intendente está convencido quizás porque está de salida de que él puede hacer lo que quiere y lo está demostrando», sentenció.

El río: un derecho en disputa

La Rambla Catalunya representa para muchos rosarinos el último bastión de acceso libre y gratuito a la costa en una ciudad que ha privatizado gran parte de su ribera. Bramajo destacó que, a pesar de los intentos de desmovilización, la apropiación del lugar por parte de la gente es constante durante todo el año, desde pescadores y deportistas hasta familias que van a tomar mate.

Sin embargo, denunciaron métodos de intimidación contra quienes trabajan y habitan ese entorno. «Es una vergüenza, les intimaron de esta manera: ‘o sacan hoy los vehículos del estacionamiento que también van a ocupar para el parque acuático o viene Control Urbano y nos llevamos los vehículos al corralón’. Así se manejan», relató con indignación sobre la situación de los pescadores de la zona.

Lejos de fragmentarse, la lucha parece estar sumando nuevas voluntades. Organizaciones vecinales de la zona norte, trabajadores, acopiadores y diversos grupos deportivos se han unido para resistir el avance del parque acuático.

«El intendente cree que dividiéndonos nos va a vencer y está equivocado», advirtió Bramajo, cerrando con una cifra que resume la magnitud del conflicto: «La población rosarina va a seguir reclamando que, teniendo 30 kilómetros de costa al río, no puede ser que tengamos solamente 800 metros públicos y gratuitos».