Los vecinos desalojados días atrás en el barrio La Sexta se reunieron en la sede de Gobernación con representantes del Estado municipal y provincial, quienes se comprometieron a entregarles una vivienda prefabricada en un terreno a determinar y, mientras se avance con esta construcción, la Municipalidad pagará un alquiler en otro inmueble de la ciudad.
Tras el violento operativo que tuvo lugar días atrás en el barrio República de la Sexta, donde familias con hijos menores de edad fueron desalojados, los damnificados -acompañados por la Concejalía Popular y la Asamblea de vecinos del barrio- pudieron llegar a un acuerdo con el estamento público y solucionar el problema en cuestión.
En relación a esto, el presidente de la Concejalía Popular de Rosario, Nire Roldán, contó a Conclusión que en esta segunda reunión se realizó con miembros de la Secretaria de Hábitat con la Provincia de Santa Fe después del violento desalojo que incluyó un amplio operativo policial.
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Además, el referente de la Concejalía Popular detalló: “Se había conseguido el alojamiento transitorio en un hotel de Rosario, pero allí estaban realmente viviendo muy mal las mujeres con sus hijos, estamos hablando de menores que fueron alojados allí sin ningún tipo de tratamiento de niñez de la Provincia ni de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario”.
“Más allá de eso, se consiguió que se hicieran cargo de ese pasar hasta ahora y lo que se resolvió es una propuesta muy buena que tiene dos opciones: inscribirse el jueves próximo en un terreno y que allí se construya una vivienda pre fabricada; y en la transición garantizar un alquiler, tarea que hará la municipalidad de Rosario mediante Promoción Social hasta tanto se efectivice esta situación”, apuntó Roldán.
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Colsultado sobre la situación actual de las vecinas, Roldán dijo que “hasta que el expediente ingrese para otorgarles la solución definitiva, en ese mismo documento la Municipalidad se compromete a pagar el alquiler”.
En tanto, el titular de la Concejalía Popular apuntó contra el Poder Judicial: “Fue un atropello de la Justicia que no hizo caso al protocolo de alerta temprana que el Ministerio de Vivienda de la Nación tiene puesto en marcha”.
Al respecto, Roldán amplió que las dos familias afectadas tenían un contrato de alquiler, pero la jueza a cargo del caso, Claudia Alejandra Ragonese, no tuvo en cuesta este aspecto y ordenó el desalojo.
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“Ella dice que supuestamente cumplió con normas jurídicas, pero parece que olvidó que había un DNU que planteaba que está prohibido el proceso judicial de desalojo por contratos de alquiler”, observó el titular de la Concejalía Popular.
Finalmente, consideró que el acuerdo alcanzado con el Estado “es un precedente importantísimo”, pero advirtió que la Municipalidad y el Gobierno provincial tienen que “atender de manera temprana estas cuestiones”.
