Controlando la vigilancia. Días atrás de aprobó en el Concejo Municipal el proyecto del presidente de la Comisión de Seguridad, Diego Giuliano, en el que solicitan informes sobre el estado de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y su mantenimiento en la actualidad. Además busca obtener detalles sobre el Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad y la provincia de Santa Fe en materia de videovigilancia.
“Rosario cuenta con 102 cámaras municipales de videovigilancia transferidas a la provincia. Nada sabemos de los mantenimientos efectuados a las mismas ni qué sucede cuando dejan de funcionar, ni cuánto tiempo se tarda para que vuelvan a estar operativas”, manifestó el concejal.
Además el edil sostuvo que el municipio fue “reaccionando lentamente ante la crisis de seguridad de la ciudad, haciendo algunas inversiones, luego fue desentendiéndose del tema”. “Un ejemplo de ello es que se hayan unificado el monitoreo provincial y el municipal desmantelando el CEMAC y abandonando la compra de más cámaras de videovigilancia municipales, y, en cambio poniendo especial énfasis en el monitoreo de infracciones”, afirmó el edil.
Y agregó: “¿Cuál es la razón para dejar que la misma policía, muchas veces cuestionada, monopolice un área tan sensible? Aún teniendo la mejor policía no es conveniente apelar al autocontrol policial, o a la mirada sobre sí mismo, cuando existe la posibilidad de que sea la Municipalidad quien lo haga”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad enumeró diferentes hechos que tuvieron relevancia pública, en los cuales, las cámaras no funcionaron: “Las 15 cámaras sobre el paseo del Siglo en el robo al Banco Francés; la gresca que terminó con la vida de un joven de 19 años en Entre Ríos y San Juan; el caso del robo a la enfermera del Hospital Vilela; el caso de Rocío Martín, asesinada frente a la puerta de un boliche, el caso del homicidio de Diego Godoy en el que el domo municipal de la esquina de Donado y Eva Perón tampoco funcionaba, los hechos delictivos de Travesía y Juan José Paso y la presunta dificultad para acceder a las imágenes de videovigilancia en el caso de Gerardo Escobar son algunos de los tantos ejemplos de conocimiento público. A todo esto se suma los comentarios de la Justicia que manifestaron, en algunas ocasiones, dificultades e inconvenientes en el acceso al material fílmico”.
“Por eso creemos que informar sobre el estado de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia públicas en la actualidad y desde hace un año, debería ser un deber del municipio para con la sociedad y no sólo para con este cuerpo, de modo de despejar cualquier duda sobre su funcionamiento y manutención”, indicó el edil.
Por último, Giuliano concluyó: “Las cámaras son una herramienta de disuasión y de esclarecimiento muy útiles cuando funcionan, reciben mantenimiento adecuado y son ubicadas en lugares estratégicos y en escala”.
