DOMINGO, 08 DE DIC

Prisión e inhabilitación perpetua para todos los imputados por delitos de lesa humanidad

La sentencia fue la esperada por la querella: prisión e inhabilitación absoluta perpetua para los juzgados. Desde las organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas celebraron en la puerta de los Tribunales Federales.

 

El Tribunal Federal integrado por los jueces María Noel Costa, Mariela Emilce Rojas y Carlos Julio Lascano dio a conocer la sentencia de cuarto tramo de la Causa Guerrieri. La sentencia fue la esperada por la querella: prisión perpetua e inhabilitación perpetua para los juzgados.

Los magistrados dieron a conocer la lectura del fallo a través de Youtube, en donde estaban presentes varios de los imputados, algunos desde su casa en donde cumplen prisión domiciliaria, y otros desde Campo de Mayo. A quienes aún no cumplían condena, el Tribunal ordenó que se efectivicen las medidas cautelares correspondientes para cada uno de los casos.

Uno por uno, los jueces leyeron detalladamente los crímenes por los que se los condenaron de los represores fueron encontrados responsables de distintos delitos de lesa humanidad como privación ilegítima de la libertad como autor, y en coautoría en algunos casos, y con el agravante de abuso de sus funciones como funcionario público, mediando violencias, amenazas y tormentos calificados por aplicarse a un perseguido político.

En otros casos los imputados fueron condenados por desaparición forzada de persona en concurso real seguida de muerte.

También los jueces incluyeron la figura de privación ilegítima de la libertad de niñas y niños menores de diez años al momento de la detención de sus padres.

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Tras cada lectura de la condena en la que la jueza anunciaba “prisión perpetua e inhabilitación perpetua”, se escuchaban los aplausos de las personas que esperaban la sentencia.

Los condenados, según lo expuesto a lo largo del debate por el fiscal Adolfo Villate, tuvieron como víctimas de la represión ilegal a 116 personas, de las cuales 54 ya habían formado parte de los tramos anteriores de la denominada «Megacausa Guerrieri».

Sin embargo, otros 62 nunca habían sido juzgados y, de ellos, 54 son casos de desapariciones forzadas u homicidios y fueron considerados en el tramo IV de este juicio, cuyo desarrollo comenzó en agosto del año pasado y finalizó este lunes con la lectura del fallo.

Construcción colectiva – juicio y castigo

“Se siente una emoción y una alegría enorme, algo que quien no construye colectivamente con otro no puede dimensionar lo que es conquistar algo después de tantos años de lucha, con muchas generaciones, con algunos que no está, pero que hicieron muchísimo para llegar a este día”, dijo a Conclusión la abogada querellante Nadia Schujman.

Y agregó: “No lo puedo pensar en términos personales, porque esto se hizo con un montón de personas que agregaron su granito de arena para reconstruir lo que pasó y para que estos genocidas puedan ser condenados”.

“También estoy profundamente orgullosa porque planteamos en el juicio la ampliación por los menores de edad, de que se los reconozca como víctima y el Tribunal hizo lugar y se los condenó por eso también”, dijo.

Y concluyó: “Esta es la demostración de que, a pesar de lo que dicen los medios y de que hay un sector de la población que quiere girar al fascismo, el pueblo argentino sigue teniendo memoria y refrendando su compromiso con el juicio y castigo”

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Las penas solicitadas

La Fiscalía había solicitado para cada uno de los acusados las siguientes penas, de acuerdo a lo publicado en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal:

Las calificaciones en el derecho interno

La fiscalía calificó los crímenes con las figuras delictivas vigentes en el ordenamiento interno al momento de los hechos, con el siguiente detalle respecto de cada acusado:

Pascual Oscar Guerrieri: privación ilegal de la libertad por abuso de su carácter de funcionario público, agravada por mediar violencia y amenazas; tormentos calificados contra un perseguido político; homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, alevosía y criminis causa (para ocultar otro delito); desaparición forzada de personas seguida de muerte; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Jorge Alberto Fariña: privación ilegal de la libertad por abuso de su carácter de funcionario público, agravado por mediar violencia y amenazas, en concurso real con el delito de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad agravada; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Juan Daniel Amelong: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas; aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; y sustracción de un menor de diez años.

Marino Héctor González: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas;  aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Ariel Antonio López: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Juan Andrés Cabrera: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas y sustracción; retención u ocultación de un menor de diez años.

Rodolfo Daniel Isach: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Walter Salvador Dionisio Pagano: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas; aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; desaparición forzada de personas seguida de muerte; homicidio agravado; y sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años.

Eduardo Rodolfo Costanzo: privación ilegal de la libertad abusando de su carácter de funcionario público, agravada por mediar violencia y amenazas; tormentos calificados contra un perseguido político; desaparición forzada de personas; homicidio agravado; desaparición forzada de personas seguida de muerte; y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años.

Federico Almeder: homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad calificada por abuso de su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años; y tormentos.

Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Osvaldo Jorge Tébez y Oscar Roberto Giai: homicidio agravado y asociación ilícita.

Enrique Andrés López: homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad calificada abusando de su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas; sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años; y tormentos.

Roberto Raúl Squiro: homicidio agravado; asociación ilícita; privación ilegítima de la libertad calificada por abuso de su de su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas; sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años; y tormentos.

 

 

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