Foto: Archivo.
Clara es una trabajadora del rubro comercio y vivió una situación insólita en la madrugada de este miércoles, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
Mientras viajaba en un vehículo particular que manejaba su marido, fue detenida por efectivos de la policía provincial en inmediaciones de Córdoba y Provincias Unidas, por la supuesta violación de los decretos nacionales y provinciales de tránsito en el marco de la cuarentena, y se les labró un acta que fue derivada a la comisaría 14ª para que siga su curso judicial.
A pesar de ser considerada trabjadora esencial, en los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional (de distanciamiento social y circulación), a los que adhiere la provincia de Santa Fe, no fueron oídos estos argumentos, en su caso, ni el de su pareja.
En una ciudad como Rosario, en la que la fecuencia nocturna del transporte es casi nula y los crecientes hechos de inseguridad ponen contra la pared a las personas que necesitan salir a trabajar durante la madrugada, llama la atencion que los esfuerzos policiales estén dirigidos en detener a aquellos que cada vez tienen menos opciones para llegar a tiempo a sus lugares de trabajo.
Día a día, se suman denuncias de este tipo. Trabajadores que son detenidos por diversas fuerzas de seguridad con el pretexto de no respetar los decretos, a pesar de contar con las autorizaciones requeridas para transitar en dichos decretos y las respectivas certificaciones laborales.
En el marco del clamor por la inseguridad que asola a la ciudad de Rosario, que ha crecido y se ha multiplicado en largos meses con balaceras, homicidios, robos, asaltos y arrebatos, en los cuales la pandemia también hizo su parte, disparando el crecimiento de los crímenes, los controles policiales se extienden e intensifican.
La cuestión es que esos controles policiales, en las calles de la ciudad, parecen desplegarse en un solo sentido: los trabajadores. Y a esto se suma una sostenida falta de claridad en cuanto al tipo de documentación que debe ser presentada en cada situación y al contradictorio discurso oficial que, mientras desalienta el uso del transporte público a fines de prevenir los contagios, fomenta la detención de los trabajadores que deben buscar otros medios para llegar a cumplir con sus tareas diarias.
