Rosario Sin Secretos: derecho al Derecho, en Ciencias Económicas
Sesenta y seis años atrás comenzaban a dictarse los cursos de la Escuela de Derecho, en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas, que se convirtió en el germen de la actual Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Entre el lunes 4 y el martes 5 de abril, del año bisiesto de 1960, días en los que Francia acordó concederle la independencia a la Federación de Malí (la unión entre Senegal y el Sudán Francés), por estos lares concurrían a tomar sus clases el primero y segundo año de los primeros futuros abogados recibidos en Rosario.
Anteriormente, quienes querían formarse en la especialidad, debían concurrir a la Universidad Nacional del Litoral, integrada por facultades de esta provincia, Entre Ríos y Corrientes, con sede en la ciudad de Santa Fe capital.
Justo es destacar que la UNL es reconocida como la primera universidad fundada bajo el impulso de la Reforma Universitaria de 1918, movimiento promovido en Argentina y América latina para impulsar los principios de autonomía universitaria, cogobierno con participación estudiantil, laicidad, libertad y periodicidad de cátedra.
Frente a la Facultad de Ciencias Económicas que alguna vez dependió de la UNL una placa lo recuerda sobre el bulevar Oroño en su intersección con 3 de Febrero (por la batalla de Caseros, no el combate de San Lorenzo).
Designado como director delegado de la Escuela de Derecho el doctor Manuel de Juano, fueron aprobados los reglamentos para su organización así como lo inherente a las correlatividades, y todo aquello concerniente a los trabajos prácticos, exámenes y promoción. Comenzó a funcionar bajo el decanato del doctor Roberto Pérez, en la Facultad de Ciencias Económicas que, por entonces, aún dependía de la Universidad Nacional del Litoral.
En un capítulo anterior de Rosario Sin Secretos, dábamos cuenta de la creación del Colegio de Escribanos en Rosario, allá por 1910, y hay apellidos que se repiten, lo que nos habla claramente de familias enteras rosarinas desarrolladas en el ámbito forense.
Fueron designados profesores de aquella pionera Escuela de Derecho, en 1960, Roberto y Fernando Brebbia, Guillermo Casiello, René Balestra, Oscar Borgonovo, Walter Ilharrescondo, Alberto Herranz, Juan Carlos Gardella, Benjamín Strubin, René Balestra, Carlos Stein, Ángel Cappeletti, Rodolfo Degiovanni, Adolfo Prunotto, Ángel Chavarri, Francisco Opinell, Jorge Jaureguiberry, Celestino Araya y Rubén Correa.
Sin embargo, y a pesar de la enorme expectativa que había tenido en la comunidad rosarina la creación de esta casa de altos estudios, no estuvo exenta de sinsabores, magros recursos presupuestarios, difamación sobre la “utilidad” de los futuros egresados, e incluso una feroz crítica desde distintos sectores que no advirtieron la modernización de los planes y las razones geográficas, culturales, económicas y políticas que darían origen a la Facultad de Derecho de la oportuna y necesaria Universidad Nacional de Rosario, creada el 29 de noviembre de 1968, mediante la ley 17.987, por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía.
El primer graduado de la Escuela de Derecho fue el doctor Néstor Pedro Sagües, y seguramente debe haber sido uno de los que asistió a la asunción, nobleza obliga, del doctor Manuel de Juano al cargo de rector de la Universidad Nacional del Litoral.
La Facultad de Ingeniería Química de la UNL aún conserva en su archivo histórico este testimonio gráfico que les compartimos.
Ante una sala colmada y sin pelos en la lengua, De Juano puntualizó algunos conceptos memorables y con una vigencia tal que no pudimos sustraernos de consignarlos, más en estas épocas en las que la universidad pública pasa por un destrato infame por parte de quienes tienen que ser sus principales custodios.
“Quien en cualquier momento histórico se despreocupa del manejo de la cosa pública corre el riesgo vergonzante de asistir impotente al mal trato que a la misma dieren luego otros hombres menos acertados, menos constructivos o no igualmente inspirados en tan altos ideales”, puntualizó en un momento de su discurso De Juano.
Dijo, ¡sesenta años atrás!, que “consignas politizadas, intereses bastardos, ambiciones personales, sueños de lucro rápido y de figuración privilegiada, fueron filtrándose en la Universidad argentina, sin que la frágil letra de la ley, huérfana del respaldo del poder, pudiera detenerlos, en un clima de indisciplina, irrespetuosidad y desorden progresivos”.
Visionando en ese momento que “el desvío tuvo su precio. Cuando el hombre siente desprecio por el derecho, por las normas que regulan su accionar y el de sus congéneres, corre el seguro riesgo de arrodillarse ante cualquier prepotencia, despotismo o arbitrariedad”.
Sin embargo, y admirable valor, sostenía que “no se había apagado el espíritu ni la vocación democrática ni la fe en el bien público”, sentenciando que esa misma democracia “como la vigencia de la autonomía universitaria, es juego de limpieza, y no funciona bien si se la envilece con arterías o con injusticias”.
Tras enfatizar sobre la falta de vicerrector y asambleas universitarias por largos períodos, planteó la aspiración tronchada de construir una ciudad universitaria “porque así apetecía a quienes dijeron que su realización permitiría vanagloriarse a la Alianza para el Progreso si se lograba la financiación de los órganos de crédito internacional”.
“Comedores, viviendas, albergues, centros de sano recreo que hubieran servido a los auténticos estudiantes para dar fortaleza y salud a su cuerpo, pasaron a ser hervideros de indisciplina, escenarios de torpeza y malos modales, cuando no focos de perturbación social o de obstrucción urbana”.
No fue reacio a referirse a la ética universitaria, “condición inobjetable que prevé el artículo 59, inciso c), del Estatuto, para ocupar la dignidad docente”, a la que consideró tergiversada y transformada “en una espada permanentemente levantada sobre el cuello de los irreductibles, mediante sumarios que rara vez alcanzaron la posibilidad de su revocación contenciosa”.
Especial atención centró De Juano acerca de lo difícil que fue instalar la Escuela de Derecho en Rosario, “organizada y sostenida por el sacrificio y el desinterés de un grupo de idealistas, ayudada y cobijada precariamente por el techo generoso de la Facultad de Ciencias Económicas, por la ciudadanía rosarina y por el gobierno provincial”.
Sostuvo que “la Universidad es parte del Estado y no escapa a su regulación jurídica”, aseverando creer firmemente “en el reconocimiento de la autonomía de la Universidad a fin de que ésta pueda gobernarse a sí misma y darse sus propios planes de enseñanza, de investigación y de difusión de la ciencia, de la cultura y de los altos valores del espíritu. Pero también creo que no obsta a ese reconocimiento la necesaria reestructuración de los órganos del gobierno universitario a fin de que se acuerde fundamentalmente al claustro de profesores la responsabilidad indeclinable en la conducción de esas altas Casas de estudio”.
Ratificando un ideario de paz, se pronunció, contundente: “La violencia como la agresión han de ser desterradas de los ámbitos y lugares consagrados a la enseñanza, a la investigación y al estudio, por cuanto aquellas son y serán siempre incompatibles con los más elementales derechos humanos y, por ende, factores negativos de la labor universitaria”.
Para finalizar su memorable discurso con las siguientes palabras:
“Puesta la mirada en el lábaro sagrado de la Patria, invito a quienes compartan con franqueza la clara significación de mis palabras, a sumarse a la tarea común de comenzar con nosotros el áspero y esperanzado camino que se nos ofrece a la vista. Dejemos a su vera las frustraciones argentinas, que pronto pasarán a ser páginas olvidadas por todos, y consagremos nuestros afanes para que el país se encauce definitivamente hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales».
¡Que así sea!