JUEVES, 15 DE OCT.

Rosario vuelve a marchar en defensa de la universidad pública para exigir el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno

La comunidad universitaria se expresó nuevamente para exigir al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Miles de personas marchan en Rosario durante la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

“Vengo para apoyar a la universidad pública, con la educación nos podemos salvar”, reflexionó una mujer en diálogo con Conclusión. “Están traicionando a la patria, al pueblo argentino”, reclamó otra de las presentes en la jornada.

“Para que se cumpla la ley, yo cumplo la ley y quiero tener un trato recíproco del Estado”, comentó un hombre al ser consultado sobre los motivos de su presencia en la marcha. “Hay que defender la educación pública, la salud, el trabajo”, señaló otro de los manifestantes.

En Rosario estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y de Humanidades de la UNR definieron una «toma activa» sin suspensión de clases y con actividades como charlas en ambas casas de estudios.

Jornada de reclamos

La manifestación se replicó en distintas ciudades del país y tuvo una amplia convocatoria en Buenos Aires, donde convergieron distintos reclamos, ya que este jueves se trató en Diputados el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que, entre varios puntos, eliminó las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, pero el debate legislativo fracasó por falta de quórum.

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Además de la vigencia del DNU 70/2023, en la sesión también se iba a tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Endeudamiento Familiar. Por todos los temas que se iban a tratar este jueves, la movilización aglutinó a gremios, movimientos políticos y sociales, sectores de discapacidad y personas endeudadas.

El Gobierno no cumple con la ley

Esta semana, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires contra el Estado nacional y declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, se ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato la normativa.

El conflicto comenzó en agosto de 2025 cuando el Congreso de la Nación sancionó el proyecto de ley 27.795, con el fin de asegurar el sostenimiento del financiamiento de la educación superior en todo el territorio argentino.

El Poder Ejecutivo vetó la ley mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, ambas cámaras del Poder Legislativo rechazaron el revés presidencial y ratificaron la normativa.

Ante esto, el presidente Javier Milei se vio obligado a promulgar la ley. No obstante, al redactar el Decreto de promulgación 759/2025, el Ejecutivo determinó que su ejecución quedaba suspendida en virtud de la ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que autorice gastos debe prever de manera expresa su fuente de financiamiento

 

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