La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Rosario, realizó hoy una manifestación frente a las puertas de la Municipalidad para reclamar nuevamente el pase a planta permanente. Buscan que el Gobierno actual atienda sus demandas de inmediato ya que pronto terminará su mandato y mientras tanto 4.500 trabajadores municipales y provinciales siguen precarizados.

El Palacio de los Leones volvió a ser el escenario de una manifestación que tuvo como eje visibilizar la precarización que los diferentes niveles del Estado aplican sobre sus trabajadores.

La secretaria adjunta de ATE Rosario, Lorena Almirón, dialogó con Conclusión y contó que «hoy, en el marco de un paro nacional de ATE, vamos a estar movilizando, concentrando y reclamando en todo el país».

Sobre los reclamos que llevaron a entablar esta medida de fuerza, Almirón dijo que «en principio, exigimos la reapertura de la paritaria, no solamente a nivel nacional sino que también en todas las provincias. Además, la reincorporación de todos los despedidos que ya acumulan más de 35.000 en la era Macri».

«Desde la provincia de Santa Fe pedimos el adelantamiento de la cláusula gatillo, que se paga bimestralmente; un bono de emergencia de 5.000 pesos, similar a lo que se otorgó a algunos sectores de organismos nacionales; y seguir reclamando por el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras que aún siguen en estado de precarización laboral. Es una jornada de lucha que ya lleva meses y no hay respuesta», puntualizó la gremialista en relación a los reclamos locales.

Según apuntaron desde ATE Rosario, el periodo de transición en el que están involucrados Miguel Lifschitz y Omar Perotti es utilizado como argumento para postergar la discusión sobre su situación. «El gobernador entrante está exigiendo el congelamiento de las plantas, que esto se discuta y que salga una ley provincial de pase a planta como se hizo en otras oportunidades. Acá los trabajadores y trabajadoras somos rehenes de las posiciones en la transición de los gobiernos salientes y entrantes. Esto no se define, por lo tanto estamos manifestándonos para que esto tenga una solución», dijo Almirón.

Al reclamo, se sumaron los docentes nucleados en Amsafe Rosario. Su titular y vocero, Gustavo Terés reiteró a Conclusión que se trata de una jornada nacional de lucha «centrada en la innombrable cantidad de situaciones de precarización laboral que afecta a los diversos sectores».

«Es parte además de todas las movilizaciones que se dan contra el ajuste; es una jornada Nacional contra el ajuste que impacta en las condiciones de trabajo, en el salario, que genera desocupación que deteriora a los trabajadores que dependen de la asignación universales», subrayó Terés.

Respecto al reclamo por la Emergencia Alimentaria, el dirigente dijo que se deben «tomar medidas excepcionales». «En un país donde tenes la producción alimentaria que permitiría dar de comer a más de 400 millones de habitantes, pero donde hay hambre es obsceno. Declarar la emergencia alimentaria es una actitud patriótica, exponer y pensar todas las fuerzas del Estado en función de que no haya ninguna ciudadana ningún niño ninguna niña Argentina que pueda pasar o padecer el flagelo del hambre», finalizó.

Precarizados

Los trabajadores perjudicados por esta coyuntura pertenecen a varias áreas estatales. Natali, trabajadora del Tríptico de la Infancia, también habló con Conclusión y señaló que «compañeros y compañeras del Plan Abre, de Educación Ambiental, de Juventudes, del Teléfono Verde, de la misma Secretaría de Cultura y Educación que se encuentran en la misma situación».

«Haciendo un relevamiento vemos que vamos coincidiendo todos en que nuestras contrataciones son completamente la máxima expresión de la flexibilización laboral», apuntó, al mismo tiempo que denunció que quienes se muestran movilizados para que el Estado regularice su situación son desplazados de sus funciones: «Estamos denunciando que estamos siendo despedidas y despedidos muchas de las personas que hemos salido a la calle, porque la no renovación de horas de trabajo y contrataciones implica un despido».

Lucas Rodríguez, trabajador del Plan Abre, también participó de la actividad y manifestó ante Conclusión que «en la municipalidad y en la provincia hay más de 4.000 trabajadores que estamos tratando de conseguir una mesa de dialogo donde se escuche nuestra versión».

«Somos un grupo de trabajadores a los que siempre les toca pagar las malas decisiones políticas. Nuestro sueldo, en comparación con alguien que realiza las mismas funciones, es la mitad. Tenemos que pagarnos nuestras propias cargas sociales, somos monotributistas y no gozamos de ningún derecho ni amparo que goza un empleado cualquiera de planta permanente», concluyó.