Los trabajadores de la firma Electrolux acudieron este miércoles a los Tribunales Provinciales para reclamar contra el incumplimiento del fallo judicial que le ordena a la empresa la suspensión de los despidos y la inmediata reincorporación de los despedidos.
Lucas Tondo, uno de los trabajadores despedidos, dialogó con Conclusión e indicó que «hace desde la semana pasada que los despedidos nos venimos presentando como ordena el juez en el fallo. Teníamos que volver a trabajar y la empresa no nos dejó ingresar ninguno de los días«.
«Por eso, -continuó- a las 7 de la mañana hicimos una concentración, llamamos a organizaciones y a la comunidad que nos viene apoyando, porque esta situación es bastante angustiante. Ya lo era antes, pero ahora tenemos un fallo a favor y la empresa está eligiendo no cumplir con la medida judicial».
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Durante la mañana, los trabajadores intentaron ingresar a la empresa para realizar las que eran hasta hace dos meses sus tareas habituales, pero se encontraron con la negativa empresarial. La seguridad privada de la firma les privó el paso, evitando que puedan alcanzar los molinetes para marcar.
«Tenían la orden clara de que no pasemos, pero nosotros nos vamos a seguir manifestando pasivamente como lo hicimos desde un principio, hasta recuperar nuestro puesto de trabajo que es nuestro único objetivo».
Y agregó, «le exigimos al Gobierno de Santa Fe y al Ministerio de Trabajo que revean esta situación porque es intolerable que una multinacional no solo esté en la ilegalidad sino que incumpla los fallos judiciales».
Por su parte, la abogada Celina Tidoni también habló con Conclusión y sañaló que «lo que está planteando el Juzgado Nacional de Trabajo es que se establezca una medida cautelar a favor de los trabajadores. Tienen que volver a sus puestos de trabajo hasta que se resuelva la cuestión de fondo, ligada al planteo que hicimos en relación a la ilegalidad de los despidos».
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«El juez plantea que hay una suspicacia en la actitud de la empresa porque el mismo día que los trabajadores son desvinculados, horas más tarde se realiza un acuerdo en el Ministerio de Trabajo donde se abre un preventivo de crisis y al mismo tiempo se establece que hasta fin de año no iba a haber más despidos, dejando a estos trabajadores por fuera de ese acuerdo», explicó.
Según contó la abogada, el juez fijó un plazo de cinco días para el cumplimiento del fallo que ordena la reincorporación. Cumplido ese plazo, la empresa deberá abonar una multa, cuyo monto estimado es cercano a tres veces el salario de los trabajadores por mes.
«Es llamativo que por un lado aleguen crisis económica y por el otro lado estén dispuestos a pagar esos montos de multas para ni más ni menos que seguir incumpliendo la ley», concluyó Tidoni.
