Los trabajadores dependientes de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil realizaron este martes una conferencia de prensa para denunciar la falta de personal y el vaciamiento de políticas alternativas al encierro.
El acto tuvo como contexto las declaraciones del Ministerio de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, que afirmó en diferentes medios de comunicación que «es necesario contar con herramientas que permita al estado actuar en función de la gravedad del delito que cometa el menor».
Los apuntados por los trabajadores del área como los principales responsables de estas políticas son tanto Pullaro como el ministro de Justicia y DDHH, Ricardo Silberstein.
«Estamos desde el viernes con paro por una semana en IRAR y hoy también con medidas en los otros dispositivos de la Dirección de Justicia Penal Juvenil. Venimos reclamando los pases a planta de los compañeros contratados, algunos con contratos precarios y otros aún no tienen contrato», explicó el delegado de ex IRAR, Agustín Casanove, en dialogo con Conclusión.
«Los trabajadores del Estado en toda la provincia hemos tenido medidas de fuerza, paros y movilizaciones. Desde ATE hemos participado de estas convocatorias porque es necesario que esta gestión, antes de irse, cumpla con dejar al personal que viene desempeñando las misma tareas que todos los que estamos en planta, en condiciones mejores y de igualdad», agregó.
Además, según expresaron los manifestantes, también es necesario que haya más personal para abordar la demanda de la cantidad de plazas que van a ampliarse en el ex IRAR.
Otro delegado, Luciano Verna, comentó a Conclusión su perspectiva de la situación: «Esta precariedad en los trabajadores que laburan con estas problemáticas reflejan la precariedad de la política para con los jóvenes que están en una situación mayor de vulnerabilidad».
Para los trabajadores del área, la problemática se ha ido agravando en los últimos tres años, en donde se visualiza que hay un giro en la política pública que prioriza el encierro de los adolescentes y, paralelamente a eso, va desmantelando todas las alternativas: centros de día, de justicia penal juvenil e instituciones de régimen abierto.
«Hay lugares que se han cerrado, como Casa Joven de General Lagos, mientras IRAR -el lugar de mayor régimen cerrado- es el que se está ampliando», concluyó Verna.
De la conferencia participaron referentes sociales y políticos como los diputados provinciales Carlos Del Frade, Mercedes Meier y las concejalas Jesica Pellegrini y Marina Magnani, además de organizaciones como APDH.
