El destino de unas 3.000 personas está en juego. Es que la justicia, a través de la jueza Stella Maris Bertune, pidió el desalojo de un terreno privado de 12 hectáreas usurpado desde hace varios años, ubicado en Sorrento y arroyo Ludueña, en la zona norte de la ciudad.
El terreno es propiedad de la empresa Compañía Santafesina de Tierras. La sentencia que está firme desde el año 2005 por resolución del juez Hugo Escalante se debe concretar por pedido de los propietarios del predio.
Desde el año 1989, fecha en que se inició el expediente por la usurpación de los terrenos, ha pasado mucha agua bajo el puente. Tanto los propietarios como las familias que comenzaron a construir sus precarias viviendas en el predio han tratado de resolver de la mejor manera el conflicto de intereses que se dirime.
Por parte de los propietarios, solicitaron a través de la Justicia ejercer el derecho que les asiste como propietarios de las tierras, poder disponer de las mismas. En cambio, las personas que allí construyeron sus precarias viviendas a lo largo del expediente manifestaron su voluntad de pagar las tierras usurpadas ya que no tienen otro lugar donde vivir.
En esta instancia, y pasados diez años de dictada la sentencia por el juez Hugo Escalante quien tenía la causa en ese momento decidió el desalojo, pero hasta el momento no pudo hacerse efectivo debido a la magnitud y al impacto social que generaría.
En todo este tiempo, se realizaron diversas y multitudinarias reuniones para resolver el conflicto de la mejor manera. Así se reunieron con autoridades municipales, provinciales y los vecinos, hasta que el Concejo Municipal dictó una ordenanza para tratar la expropiación de esas tierras y así el propietario recibiría el monto de las tierras y las familias gozarían del derecho a una vivienda digna.
Esa ordenanza se elevó en forma de proyecto de ley a la Legislatura provincial para que resuelva la expropiación pero al no ser tratado perdió estado parlamentario.
Ahora, ante el reiterado pedido de la Compañía de Tierras S.A. para disponer de la propiedad, la jueza Bertune debe ordenar el desalojo de forma inminente, lo cual causaría un importante impacto social.
Ante esta situación, la jueza Bertune llamó a una reunión a las distintas partes involucradas en este conflicto de derechos para buscar una salida armoniosa a la situación donde fueron convocados la intendenta, el gobernador, el secretario de Hábitat y representantes del Concejo Municipal.
Dependerá de esa reunión llegar a un acuerdo para buscar la mejor salida a este conflicto.
En caso de que se lleve a cabo la liberación de estas tierras, se podría tratar del desalojo de mayor dimensión en Rosario. Es que esas familias tendrán que ser reubicadas. En ese caso, se confirmó la intervención de autoridades municipales y provinciales.
