La Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, Jaquelina Ana Balangione y el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Jorge Leandro Miró, presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus familiares, por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención.
El objetivo del documento presentado por el SPPDP es trasladar a personas privadas de su libertad hacia servicios penitenciarios que se encuentren más cerca de sus familias, para que los vínculo con ellas no se pierda. De esta manera, reclusos de la cárcel de Coronda podrían ser removidos hacia la ciudad de Rosario.
Lucía Masneri, Directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario se mostró disconforme con este pedido: “No estamos en ninguna instancia de acuerdo con ese traslado. Es un pedido por parte de la defensa que afecta gravemente a la seguridad, no solo en el interior de los penales sino la seguridad de los santafesinos en general”, manifestó.
Pero desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal manifestaron que «la situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención».
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«Ello encuentra sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad. Además, se refrenda en disposiciones del decreto provincial 4127/16 sobre el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad», agregaron.
«El decreto reglamentario mencionado, que consagra el derecho al contacto familiar, refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados. No obstante, de acuerdo a los relevamientos realizados por el SPPDP, se ha comprobado la falta de este tipo de medidas ya que la capacidad de las unidades penitenciarias se encuentran saturadas, por lo que resulta imposible realizar traslados», dijeron desde el organismo.
«Estas normas obligan al Estado e imponen al Servicio Público de Defensa tomar las medidas judiciales correspondientes para subsanar o corregir su violación. Cumpliendo esa manda, las autoridades del SPPDP solicitaron a la Justicia que habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar», afirmaron.
La funcionaria del Servicio Penitenciario Lucía Masneri mostró su descontento con la iniciativa de transferir cerca de 800 reclusos desde Coronda a Rosario, lo que podría generar “probables conflictos en el interior de los penales”. Además arremetió con el argumento que ampara el traslado cuando indicó que la Unidad I de Coronda en el último mes recibió cerca de 5.000 visitas. “Es evidente que los vínculos familiares se sostienen a la perfección”, expresó.
Finalmente, Masneri manifestó que el módulo sur de la Unidad de Coronda está destinado a alojar a presos de la zona sur de la provincia, por lo que la ciudad de Rosario no cuenta con un servicio penitenciario preparado para recibir a aproximadamente 800 reclusos.
