Dos policías de la provincia de Santa Fe comenzarán a ser juzgados el próximo miércoles como autores de los delitos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas. La jueza Susana Luna presidirá el debate y la acusación será llevada adelante por el fiscal del Delitos Complejos, Ezequiel Hernández y la fiscal Milagros Parodi quien inició la investigación en 2014, quienes pedirán 10 años de prisión para los acusados.
Los hechos por los que los acusados de 31 y 34 serán llevados al banquillo ocurrieron en agosto de 2014. Según el relato de los fiscales, «alrededor de las 21 del 4 de agosto, un hombre que conducía un remís sin la autorización correspondiente fue interceptado por los dos acusados –que estaban vestidos con el uniforme, a bordo de un móvil policial y en funciones– en inmediaciones de la avenida Presidente Perón y Luciano Molinas”. “Los agentes descubrieron que el conductor llevaba un revólver en el vehículo, pero lejos de proceder legalmente a secuestrar el arma de fuego, aprovecharon la oportunidad para cometer ellos mismos una serie de delitos”, argumentaron los funcionarios del MPA.
Tal como explicaron los funcionarios judiciales, uno de los policías subió al auto de la víctima, le apuntó con su arma reglamentaria, lo amenazó y lo obligó a seguir el móvil policial que era conducido por el otro. “La víctima fue obligada a conducir hacia el parque Garay, más precisamente, hasta inmediaciones de la intersección de las calles Santiago del Estero y San José. Cuando llegaron al lugar, los dos policías se aprovecharon de la situación de indefensión de la víctima y de la ausencia de testigos, le exigieron la entrega del dinero que llevaba consigo y le sustrajeron bienes personales”, añadieron.
El fiscal Hernández adelantó que solicitarán 10 años de prisión para cada uno de los policías que serán juzgados. “Las dos personas fueron acusadas como autores de los delitos de robo calificado (por la utilización de armas de fuego y por ser miembros integrantes de la fuerza policial) en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y amenazas coactivas agravadas (por ser funcionarios públicos)”, precisó.
“Entendemos que las pruebas reunidas para este juicio resultarán suficientes para demostrar la atribución de los hechos tal como fue plasmada en la acusación”, sostuvo Hernández.
