Apremiado por la situación económica-financiera, el gobierno nacional apuesta a federalizar parte de su déficit. En ese sentido Argentina está en medio de un proceso de barajar y dar de nuevo similar al que se vivió a principios de los años 90 con la delegación de los servicios de educación y salud. Es decir se está reconfigurando todo el mapa de competencias, responsabilidades y financiamiento. El talón de Aquiles es que Nación captura entre el 60 y 70% de la recaudación y el resto las provincias.
El caso más actual es la quita del IVA a las facturas de servicios públicos, proyecto en estudio con el que se pretende contrarrestar la media sanción de Diputados, a condición que el costo fiscal de la medida sea asumido a medias entre Nación y provincias.
La idea del gobierno de Macri es que los gobiernos provinciales tienen que ser socios del ajuste, tanto en los costos políticos como económicos. Por eso les quita subsidios a servicios que prestan las provincias, les pide compartir la reducción de IVA en los servicios públicos, sacar de las facturas el cobro de impuestos y tasas que debilitarían la capacidad recaudadora de los Estado locales, quiere transferirles la realización de obra pública, la persecución del narcotráfico y tantea la posibilidad de compartir el gastos de planes sociales.
Esta es una de las líneas de trabajo más fuerte con las que trabaja el gobierno en su afán de bajar el déficit fiscal para garantizar el pago de la deuda generada en estos dos años y medio y la que se le pide al FMI.
Como toda crisis es una oportunidad, aprovecha la volada para trasladar gastos e inversiones a las provincias, y en menor medida a los municipios, con la excusa de que están recibiendo la recomposición progresiva del 15% de coparticipación que se les descontaba durante los gobiernos kirchneristas y que la Corte nacional ordenó reponer.
Santa Fe, San Luis y Córdoba reciben el 100% de coparticipación todos los meses desde diciembre de 2015, mientras los 21 distritos restantes lo están alcanzando en un plan progresivo a 4 años.
Algunos de los casos en los que Nación intenta transferir competencias y gasto a las provincias:
-La quita de subsidios nacionales obligó a los Estados provinciales a absorber parte de los mismos por medio de sus empresas (concesionadas o no) de agua y electricidad. Otro tanto ocurrió con el transporte: los municipios reemplazan esos recursos con aumentos de tarifas o subsidios propios. A nadie se le escapa que la EPE, por ejemplo, está expuesta ahora a mayor cantidad de pérdidas por hurto de energía y tuvo que disponer un mayor alcance de la tarifa social. Desde hace muchos años es autosustentable económicamente, pero para seguir siéndolo y a la vez aliviar a sus clientes, empezará a resignar inversión en infraestructura, o pasará a financiarla a través de préstamos.
-La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo en Rosario hace 15 días que era insostenible tener provincias que desfederalizaron la persecución del delito de narcomenudeo y otras no. Y que el gobierno había decidido unificar a favor de que todas lo hagan. Sin embargo este proceso iniciado en 2005, al que hasta ahora adhirieron Buenos Aires, Salta, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, no se hará en los términos previstos en la ley que lo autorizó, es decir acompañada de la transferencia de los recursos para respaldar la mayor cargo de trabajo que supone para el Poder Judicial y la seguridad pública.
-El gobierno negocia con las provincias reducir el IVA de los servicios públicos de 27% a 21% para empresas y de 21 a 10,5% para residenciales, y que esa pérdida de recursos para el Estado sea asumido por mitades. Es la alternativa al proyecto de retrotraer tarifas al año pasado con media sanción de Diputados. Los impulsores son Salta y Córdoba. Santa Fe ya fue consultada. Miguel Lifschitz le encargó a su ministro de Economía analizar el impacto fiscal de una medida así. En paralelo, senadores nacionales, entre ellos Omar Perotti, presentaron un proyecto de ley para que Nación se desprenda de las eléctricas Edenor y Edesur y de Aysa y las transfiera a los gobiernos Capital Federal y provincia de Buenos Aires, ya que son las únicas bajo gestión nacional. Nación se sacaría de encima subsidios y transferencias que hace a esas concesionarias y no al resto de las empresas provinciales.
-En materia de obra pública, desde que asumió el gobierno de Cambiemos presiona a los gobernadores para que, en la medida que se les reponen los porcentajes de coparticipación, los apliquen sólo a gastos de capital y no a gastos corrientes. Si bien no hay una única realidad, las provincias incrementan progresivamente la inversión en obra pública mientras que Nación lo hace cada vez menos. En 2017 llegó a ejecutar casi todo lo presupuestado por ser año electoral, pero fue mucho menos en 2016 y en los cinco meses de 2018 el nivel de subejecución de partidas es altísima. En Santa Fe el stock de promesas quedó en promesas, obras paralizadas o que avanzan a ritmo muy lento, incumpliendo aquella máxima macrista de que las obras empiezan y se terminan en los plazos previstos (http://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/las-obras-de-nacion-en-santa-fe-que-el-ajuste-de-macri-pone-en-riesgo/05/2018/). La propuesta de pagar buena parte de la deuda de 54 mil millones de pesos con obra pública va en ese sentido. Nación quiere que con esos recursos que le debe a Santa Fe, se hagan las obras que debe hacer ella. En el caso de las rutas nacionales 33, 11 y 34 su transformación en autopistas o autovías está incluida en el programa de privatización de obra pública (PPP). Se propone que cuando el Estado nacional empiece a pagar esas obras, dentro de 5 años, descuente las cuotas de la acreencia que la provincia tiene a su favor.
-Asociar a las provincias al financiamiento de planes sociales es otra de las ideas que impulsa una parte del gobierno nacional. No hay decisión tomada aún, entre otras cosas porque rechazo de plano de los gobernadores.
El problema es que esta montaña de transferencias y responsabilidades de Nación amenaza trasladar el déficit. El ministro Farías, quien habla por boca de Lifschitz, dijo en esa entrevista que “se corre el riesgo de que pronto varios Estados provinciales entren en quebranto”.
En este tipo de procesos de reducción de impuestos, nuevas competencias con mayores costos, inflación y mayor demanda social, los gastos crecen mucho más rápido que los ingresos, que son menos elásticos. Más aún cuando se trabaja en una tendencia y de pronto las cosas van en sentido contrario, como ocurrió con la pauta salarial, uno de los principales gastos de los Estados provinciales. Necesariamente deberán reabrirse paritarias en el sector público o usar la cláusula gatillo según el caso.
Santa Fe, que junto con Córdoba están entre las provincias mejor posicionadas, cerró 2017 con un leve déficit. En 2018 será un poco más alto, ya que el gasto crece con una inercia mayor que o que lo hacen los ingresos por más que éstos ajusten por inflación. A eso hay que agregarle actividad económica estancada, eliminación de impuestos y más gastos por nuevas competencias.
