Lunes a la mañana, sede del Colegio de Magistrados de calle Balcarce al 1500, convocatoria a los medios de comunicación. La postal no es nada común: un camarista y un juez reclaman que las investigaciones judiciales avancen y que encuentren a los delincuentes.
Dramáticamente, en esta oportunidad les tocó a ellos ponerse del otro lado del mostrador, en el lugar de víctimas intimidadas por el crimen organizado, que manda tirotear frentes de inmuebles puntillosamente seleccionados que tiempo atrás fueron sus hogares o que hoy lo son de familiares cercanos.
Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario y Ariel Ariza, camarista civil rosarino y presidente del organismo gremial de los jueces a nivel nacional, fueron en esa convocatoria de prensa, el eco del crudo comunicado que se terminó de redactar la misma mañana del lunes, luego de la reunión con los miembros de la Corte Suprema.
Pusieron el eje sobre el Ministerio Público Fiscal al que le exigen resultados en las investigaciones para dar con los autores de los ataques a inmuebles que tuvieron o tienen relación con los jueces Ismael Manfrín, Juan Carlos Vienna y Marisol Usandizaga y “el revelador déficit en la actuación de los organismos de seguridad provincial”.
Hipótesis abiertas
El grito de los jueces se produjo a horas de que el juez Mascali resuelva el hábeas corpus presentado por la defensa de Guille Cantero, uno de los líderes de Los Monos, que la semana pasada, en la audiencia por teleconferencia desde su lugar de detención en Resistencia, con desfachatez le dijo al magistrado: “Bueno, le digo que se fije la decisión que va a tomar. (…) Nada más, eso”.
A ciencia cierta, no hay, o no se dieron a conocer hasta el momento, datos que aten los ataques a la banda de Los Monos. Sí conjeturas: el modus operandi es muy propio de cómo se maneja ese grupo y las balaceras contra inmuebles comenzaron a poco del traslado de Guille Cantero a la cárcel Federal de Resistencia y dos lugartenientes a Rawson.
Hay quienes creen que hay que mirar más allá de “lo obvio”. Entre fiscales y jueces, circulan hipótesis de que sectores policiales operan como si fuesen Los Monos para presionar al poder político generando estado de temor público y “atentando contra el Estado”.
Aunque no lo dijo expresamente, en esa línea encaja una observación del ministro de la Corte Daniel Erbetta: “Es casi imposible que en una ciudad como Rosario se produzcan seis o siete ataques de este tipo y no aparezca ni un solo dato”.
En el Ministerio de Seguridad nadie descarta nada aunque aseguran que no existen datos objetivos que respalden esa hipótesis. El ministro Pullaro mantiene aceitado contacto y espíritu colaborativo con la ministra nacional Patricia Bullrich. Mientras tanto en el MPA distribuyen tareas entre la PDI provincial y la Policía de Seguridad Aeronáutica.
El plan de protección
Desde la primera balacera relacionada al juez Manfrín y tras reunirse con los miembros de la Corte Suprema, el gobernador Lifschitz tomó el compromiso de dar una respuesta amplia y ejecutiva.
Hoy hay 20 lugares fijos relacionados a magistrados bajo custodia las 24 horas (un centenar de efectivos destinados más equipamiento y móviles).
Se analizó caso por caso: “A los magistrados les pusimos a disposición un plan de seguridad que incluye desde protección personal y a inmuebles, en algunos casos con mamparas blindadas en los frentes, hasta cualquiera de los beneficios de los programas de protección de testigos de la provincia o federal”, explicó el ministro de Justicia Ricardo Silberstein a Conclusión. Además se puso a disposición presupuesto para medidas de seguridad y equipamiento en los edificios de calle Balcarce y el Centro de Justicia Penal. “Ya llevamos invertidos muchos millones en este corto tiempo”, indicó el ministro.
Aclaró que hay contacto permanente con los jueces. Y dejó flotando un mensaje, quizás influenciado por el ánimo que el comunicado de los jueces provocó en el poder político: “Nosotros no estamos para sacarnos fotos, nosotros gestionamos y tratamos de dar respuestas”.
Los jueces
No es que el Poder Ejecutivo minimice el pedido de protección. Pero al igual que buena parte del Legislativo, creen que los magistrados se posicionan en un lugar de no responsabilidad ante la dimensión que tomó el problema de las bandas, la tasa de homicidio, el negocio narco y ahora los jueces intimidados.
Son públicas las polémicas y los cruces entre gobierno y jueces por resoluciones que otorgaron beneficios a personas acusadas de graves delitos como traslados a lugares de detención elegidos por los reos (caso “Tubi” Segovia) o prisión domiciliaria y salidas laborales (casos de supuesto sicario que ejecutó a uno de los hermanos Funes o “Ema Pimpi” involucrado en los disparos a la casa de Bonfatti y la doble tentativa de homicidio). En muchos de esos casos fue con el consentimiento de fiscales.
Parte de la respuesta de los jueces está en un párrafo del comunicado: Hay una “situación por completo inédita que no guarda similitud con ninguna otra que pueda observarse en el resto de las ciudades y provincias argentinas”. Según el juez Gustavo Salvador, eso se debe a que “una firme determinación de los operadores de justicia de seguir adelante. Se está enjuiciando a un sector de una criminalidad organizada por los carriles institucionales que corresponda. La fuerte decisión de seguir adelante puede incomodar y tocar intereses. En Santa Fe el Poder Judicial está dando sobradas muestras de seguir adelante”.
Fiscales
Más allá de recurrentes cruces Poder Ejecutivo-Poder Judicial, por estas horas toda la presión está puesta sobre el Ministerio Público de la Acusación y en particular sobre la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que trabaja la PDI santafesina, la Policía Federal, Prefectura, Policía Aeronáutica y Gendarmería como auxiliares.
A más de un mes de la primera balacera (relacionada con jueces, según La Capital hubo 40 en los últimos 4 meses) no hay autores detenidos ni identificados. Concretar alguna de esas instancias sería un paso crucial, aunque sin perder de vista que apresar a uno o dos tiradores no resuelve la situación de fondo, ya que ese rol es fácilmente reemplazable en el caso de crimen organizado. La verdadera resolución pasa por llegar a quién o quienes dan las órdenes.
