Los lugares tienen historia.
En las salas donde se desarrolla el largamente esperado juicio en los tribunales federales de Rosario a la banda narcocriminal Los Monos, recién a veinte años del inicio del terrorismo de estado, comenzaron las condenas reales y efectivas por delitos de lesa humanidad, más allá de los comandantes.
Es un lugar en que la espesura y complejidad de la realidad tarda en aparecer.
Quizás podría argumentarse que la primera imputación contra Ariel Máximo “el Viejo” Cantero es por un cargamento de casi ochenta kilogramos de marihuana que quiso traer de Corrientes, allá por 1998. Justamente, veinte años atrás.
Pero después, durante el crecimiento y desarrollo de la banda, especialmente a partir del año 2007, los jueces federales rosarinos miraron para otro lado.
Hay una línea que vincula los delitos de lesa humanidad y el narcotráfico: nichos corruptos del estado, fuerzas de seguridad cómplices, zonas liberadas y empresarios que no aparecen nunca mencionados hoy devenidos en lavadores de dinero.
La causa tiene nombre: “Los Patrones” y se inició el último día del invierno de 2018 y durante la primera jornada de la primavera rosarina los abogados defensores de la banda argumentaban contra la videoconferencia con argumentos traídos de España y Nueva York. Hasta mencionaron que presentarán trescientos testigos en este proceso judicial que será largo y que no augura grandes sorpresas salvo que alguno de los capos de la organización decida romper pactos de silencio y mencione nombres de lo más alto de la sociedad rosarina, en particular, y santafesina, en general.
Pero mientras los dichos de los profesionales tejen y destejen palabras pronunciadas a cientos de kilómetros de las calles rosarinas, desde el interior de esta causa surgen las existencias de chicos usados para vender droga y que luego pasan a formar de las estadísticas de las fuerzas de seguridad que primero vieron sin ver y que luego los atraparon para posar de honestos y eficaces.
Porque la causa federal “Los Patrones” se inaugura con una pareja de hermanitos que vendían en una esquina de la zona sur de la ex ciudad obrera.
Sin embargo, en esta larguísima audiencia en la que se multiplican chicanas y ninguna verdad de peso que permita explicar el desarrollo de la banda y del narcotráfico en Rosario en los últimos veinte años, a nadie parece importarle el destino de esos pibes.
Sostiene la causa en su resolución que “de acuerdo a los elementos que fueron recabados en esta instrucción, las personas que habrán de ser tratadas aquí, ALAN NAHUEL QUINTANA y KEVIN JOEL QUINTANA se sitúan en el eslabón más bajo de esa la organización criminal. A KEVIN JOEL se le atribuyó ser una de las personas que se encargaban de brindar seguridad al punto de venta ubicado en calle Laprida y Chávez de Rosario, es decir, ser “soldadito” o en otras palabras, aquel que da aviso o se encuentra en permanente estado de alerta tratando de determinar la posible presencia de personas ajenas al lugar y sobre todo, de personas pertenecientes a fuerzas de seguridad”, apunta la acusación que busca saldar la pesada deuda que tiene la justicia federal rosarina con el pueblo de la ciudad.
Pero la mañana y gran parte de la tarde del primer día de la primavera de 2018 se consumen en la legalidad del juicio por la ausencia de los imputados en esas salas del viejo edificio de los tribunales federales rosarinos de calle Oroño entre Rioja y San Luis.
¿Qué será de la vida de Alan y Kevin? ¿Desde cuándo “Los Monos” decidieron usar a la pibada desesperada de los barrios donde ellos se constituyeron en un gobierno de facto, tal como lo dijo la causa de la justicia provincial que generó la condena de muchos de sus jefes? ¿Habrá mención a los lavadores del dinero de “Los Monos”, a sus contactos con los nichos corruptos de la política y la gran economía de la región?
El alcalde Alderete, mientras tanto, en el penal de Ezeiza donde están presos diecisiete de los 39 procesados, se compromete, vía videoconferencia de trasladar el deseo de hablar de los detenidos.
Los lugares tienen historia.
En este antiguo edificio de la justicia federal rosarina, el tardío juicio por narcotráfico a la principal banda narcotraficante de la región está muy lejos de explicar la explotación de los chicos y la identidad de los principales beneficiados.
