Como describíamos en una nota publicada en AGENCIA PACO URONDO, el fallo de la Corte Suprema que decidió aplicar la ley 24.390, conocida como del 2×1, a los genocidas marca un cambio en la lógica del máximo tribunal.
La configuración de las mayorías y minorías en la votación explicita el nuevo orden de poder dentro de la Corte. Luego de años de hegemonía de Ricardo Lorenzetti como presidente de la magistratura, su lugar está siendo cuestionado no sólo por actores políticos como Elisa Carrió, sino que dentro de su mismo “pago chico” está padeciendo una disputa de poder.
En la nota referida, recordábamos la maniobra que ideó Fabián Rodríguez Simón, operador en las sombras en temas judiciales de Mauricio Macri, para nombrar a los dos jueces hoy en funciones (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) por decreto.
Dicha maniobra tenía justamente como finalidad principal limitar el poder de Lorenzetti. Desde el entorno del presidente Macri habían leído el fallo de la Corte sobre la coparticipación a fines de 2015 como un claro mensaje al nuevo gobierno.
Ya habiéndose consumado el triunfo de Macri en las elecciones, el máximo tribunal, en una votación liderada por Lorenzetti y acompañada por Fayt y Maqueda, declaraba inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la administración nacional le retenía a las provincias para financiar a la ANSES.
El fallo también obligaba a la Nación a pagar a las provincias beneficiadas la suma de las cantidades retraídas desde 2006, sumado a los intereses. Si bien la resolución aplicaba para los reclamos de Santa Fe y San Luis, junto con Córdoba, esta última a través de una medida cautelar, significaba una bomba de tiempo ya que condicionaba al nuevo gobierno a sentarse a negociar con todos los gobernadores, que se sumarían a los reclamos teniendo el visto bueno de la justicia.
Del fallo también se desprende quienes eran los jueces leales a Lorenzetti y que revalidaban constantemente su presidencia: Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. Con el retiro en 2015 de este último, el presidente del tribunal seguía manteniendo intacto su poder ya que conservaba aún la mayoría dentro del tribunal teniendo asegurado el voto de Maqueda, aunque no así el de Elena Highton de Nolasco.
La tensión con la única mujer dentro de la Corte escaló a un punto sin retorno con la resolución del expediente “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional», en el que se discutió la validez de una cláusula de la Constitución incorporada en 1994 por la cual los magistrados deben jubilarse después de los 75 años.
El impulso de Lorezentti a dicha causa generaría el consecuente enojo de la magistrada, que, por otra parte, a través de un amparo conseguía su permanencia en el órgano máximo del poder judicial. Dicho amparo, que fue resuelto a favor de la peticionante, no fue apelado por el Poder Ejecutivo Nacional, sellando una deuda entre Highton y la administración PRO.
A pesar de tener que haber retrocedido con el ampliamento de la Corte vía decreto, que por cierto hubiera significado un gran retroceso institucional, el gobierno logró el consenso necesario en el Senado para que se aprueben ambos nombramientos.
De esta manera, el máximo tribunal se ampliaba a cinco miembros, quebrando la hegemonía de Lorenzentti a pesar de que este conservaba la presidencia.
El fallo que benefició al torturador Luis Muiña, y que decretó un indulto encubierto, revela estos cambios en los pesos dentro de la Corte Suprema.
A pesar de que el perfil público de Rosatti lo presentó como un nuevo jugador de poder, lo cierto es que el voto de la mayoría que se impone en el caso de Muiña tiene claro anclaje en las concepciones jurídicas de Rosenkrantz.
Este ex abogado del grupo Clarín y ex rector de la Universidad del San Andrés, presume dentro de la Corte las mayores referencias académicas internacionales ya que tiene un magister y doctorado en la Universidad de Yale y fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses).
Fue justamente él el que gestó la lógica que permitió el fallo. Rosenkrantz históricamente se ha opuesto al reclamo de la organizaciones de Derechos Humanos de “cárcel común para los genocidas”, afirmando que solo existe una cárcel posible.
De este razonamiento se desprende el equiparamiento que hacen los jueces integrantes de la mayoría de los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes, aplicando el artículo 2 del Código Penal y luego la ley 24.390, norma procesal del ordenamiento interno.
En la defensa de sus pliegos ante el Senado, el juez aseguraba “que es un momento muy particular en la historia jurídica argentina, en el que el pasado es pasado y hay que pensar en el futuro, y eso exige quizás distintas visiones o insumos.”
A un más de un año de su entrada en funciones esta declaración resulta reveladora. En cierta forma también explica sus concepciones sobre la historia argentina. Rosenkrantz completaba su discurso diciendo: “Yo creo que puedo aportar algunos (no todos) de esos insumos.
No creo en los súperjueces.” A la luz de los hechos, el término “superjueces” puede leerse como un ácido dardo a Lorenzetti y un cuestionamiento a su, hasta entonces, indiscutida influencia.
Lo descripto revela como dentro de la nueva Corte se van dirimiendo las disputas de poder. Luego de años de haber estado bajo el control de Ricardo Lorenzentti, que ejerció su cargo desde una construcción política, llegando incluso a ordenar encuestas de imagen, el máximo tribunal pareciera virar hacia otro orden.
En esa nueva estructura, la figura de Rosenkrantz resulta fundamental para entender los lineamientos jurídicos que ya está imponiendo la Corte Suprema. Son fuertes las fuentes que señalan que el próximo golpe de efecto del tribunal será la expedición sobre la detención de Milagro Sala. Los engranajes de poder todavía están acomodándose.
