Por Matías Longoni (Bichos de Campo)
El proyecto del presidente Javier Milei de elevar las retenciones a todos los productos del campo (salvo una reducida lista de excepciones que habrá que confirmar cuando se conozca la letra chica) le costará a los productores agropecuarios unos 1.562 millones de dólares adicionales a los 8.509 millones que ya venían poniendo, lo que es igual a decir que su “aporte” crecería 18% si se concreta esa modificación.
Pero la cuenta será todavía más cara para el campo, porque lo que también se pone en juego es la credibilidad y dignidad de los dirigentes del sector, alineados desde 2008 en la Mesa de Enlace, y que guardan hasta aquí un llamativo silencio frente a la ofensiva fiscal de un Presidente que en la campaña electoral había prometido eliminar las retenciones y las había calificado como “un robo” del Estado al sector por una cifra multimillonaria.
Los ruralistas no solo están digiriendo sin protestar la continuidad del tributo aduanero hasta posiblemente fines de 2027, sino que aceptan una suba del 18% en este desfalco, tal como lo calificó el propio Presidente. Y lo que es todavía peor, lucen demasiado sumisos frente al modo que tiene Milei de realizar este manotazo, que es semejante y hasta peor al que utilizaron Néstor y Cristina Kirchner. El libertario reclama tener “facultades delegadas” no por uno o dos años, sino hasta el final de su mandato.
El cálculo sobre la transferencia de dinero de parte de las actividades agropecuarias al Estado, si se confirma esta ley (que pretende colocar todas las retenciones en los máximos permitidos por el Congreso en 2019, de 33% para la soja y de 15% para el resto de los productos), fue realizado por los equipos técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Con las alícuotas como estaban hasta ahora, es decir los derivados de la soja en 31%, los cereales en 12%, la carne en 9% y todas las economías regionales en 0%), el agro hubiera aportado al fisco 8.509 millones de dólares. Pero ahora, el nuevo manotazo se llevará otros 1.562 millones y la cuenta final marcará la cifra récord de 10.071 millones.
Para tener un punto de comparación, cuando las cuatro entidades agropecuarias se unieron en marzo de 2008 en contra de la Resolución 123 que imponía retenciones móviles a los granos, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, la pelea era por ver quién se quedaba con una parte de la renta agrícola que por entonces se calculaba en 2.000 millones de dólares. Ese conflicto paralizó el país durante casi cuatro meses y lo único que se logró es -tras derogar esa resolución- que las retenciones quedaran en niveles bastante semejantes a los actuales: la soja entonces tributaba 35%, hoy paga 33%.
Por entonces, los dirigentes rurales se llenaban la boca hablando de república, división de poderes, federalismo y muchos otros vocablos que ahora parecen no tener sentido.
Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer en un mensaje grabado esta intención de subir nuevamente las retenciones y -lo que es peor- generalizarlas a toda la economía (lo cual luego no se cumplió, porque en el texto de la ley ya se excluyó de los incrementos a la minería y el petróleo), las quejas de las entidades agropecuarias quedaron opacadas por los festejos simultáneos por la corrección del tipo de cambio oficial, que subió de unos 400 pesos a más de 800.
La devaluación permitirá a los productores de granos -que tienen sus productos dolarizados y por lo tanto copian de inmediato esos movimientos- recuperar buena parte de la rentabilidad perdida por el atraso cambiario, y maquillará además los mayores descuentos que sufrirán luego por la suba de retenciones. Pero hay un universo de productores mucho más importante en número que sufrirá por partida doble: son aquellos que producen carne, leche o huevos utilizando granos que serán más caros, y a los cuales les subieron las retenciones en mucha mayor proporción. Para las carnes, en rigor, la alícuota pasó de 9 a 15%.
De todos modos, los dirigentes rurales parecen no sentir este impacto. Desde hace muchísimo rato que las entidades parecen hablar en clave únicamente sojera. Es el chip que les quedó grabado del conflicto de 2008, cuando Cristina los azuzaba con lo de los “piquetes de la abundancia”. Y es que la soja sigue dejando márgenes abundantes que hacen que cualquiera se olvide de la enorme diversidad del sector agropecuario, donde hay pobres y ricos, hijos y entenados.
La Mesa de Enlace, frente al anuncio de Caputo, solo atinó a realizar breves gestiones frente al debilitado secretario de Agricultura de Milei, el catedrático Fernando Vilella, quien asumió el cargo anticipando que negociaría rebajas del peaje exportador para algunos cereales y de inmediato debió guardar silencio y encolumnarse. En esas reuniones se decidió que era un papelón que las economías regionales, a las cuales el ex ministro Sergio Massa había dejado en 0% en plena campaña electoral, volvieran a tributar como en las peores épocas del kirchnerismo.
Por eso se armó una lista de urgencia que incluye a varias actividades extrapampeanas, aunque no a todas, y que por suerte también abarcó a los productos lácteos. De lo contrario, con las nuevas retenciones, los bajos precios de la leche y la devaluación (que sube sus costos), la mayoría de los tambos estaría condenada.
La lista es desordenada y parece mal confeccionada a propósito: según el texto del proyecto de ley, en las exenciones se incluirían los complejos olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícolas, hortícolas, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Nadie entiende por qué las legumbres se mencionan por separado (sobre todo las lentejas, que se importan). Tampoco se entiende como no figuran otros rubros, como el maíz pisingallo o el maní (la Argentina es el principal exportador mundial de ambas cosas), el algodón o el tabaco. Vilella dijo que la lista ya cerró y que ahora habrá que dirigirse al Congreso para reclamar por correcciones. Parece una invitación para que los políticos y lobbistas de la casta se ofrezcan presurosos para arreglar esas ausencias.
Es que las cuentas fueron hechas, también, con libreta de almacenero. El mensaje de Caputo a Vilella fue claro: para achicar el déficit fiscal necesitaba recaudar esos 1.500 millones de dólares adicionales del sector agropecuario, y cualquier rebaja que hiciera para las economías regionales debía ser compensada por otro lado. El cálculo de las entidades rurales es que esas excepciones implicarán la pérdida de unos 420 millones de dólares desde la proyección inicial. Y por eso a alguien se le ocurrió ofrecer como moneda de cambio que se elimine el diferencial histórico de retenciones a la industria que muele soja, y cuyos principales productos (el aceite y la harina) tributan hasta ahora el 31%, y no el 33% que se descuenta a los productores cuando venden su poroto.
Eliminar (una vez más, porque ya se eliminó tres veces en los últimos cinco años) ese diferencial de retenciones implica una recaudación adicional para el Fisco de unos 400 millones de dólares, que son los mismos que Vilella cedió con su listado de excepciones. Eso sí, en el cambiazo Agricultura logró hacer enojar al principal sector exportador de la Argentina. Quizás Caputo jamás se haya dado cuenta de esto. Cuando le vaya a manguear divisas a las agroexportadoras, como todos sus antecesores, el ministro de Economía ahora sabrá por qué lo reciben con cara de culo.
Pero si todo hasta acá ha sido cuestión de plata (la mejora del tipo de cambio compensa las mayores retenciones, y la eliminación del diferencial sojero subsidia a las economías regionales), para la comunidad del agro hay una situación que no puede ser soslayada y cuyo valor no puede pasar por la máquina de contar billetes: su propia credibilidad está en juego.
Después de pasarse veinte años reclamándole a los anteriores gobiernos que las retenciones eran un impuesto destructivo y que se debían cumplir al menos con ciertas reglas institucionales básicas a la hora de fijarlas (como que las mismas sean determinadas por el Congreso), los ruralistas ahora hacen la vista gorda cuando la ofensiva de Milei utiliza exactamente el mismo artículo del Código Aduanero a la hora de justificar ese tributo.
Alberto Fernández, cuando asumió en 2019, pidió “facultades delegadas” para poder mover las alícuotas por los dos años siguientes. Luego, el superministro Sergio Massa decidió no incorporar un artículo semejante en el Presupuesto 2023 solo para no colisionar con la Mesa de Enlace. Ahora es sorprendente como el bloque agropecuario -tan aguerrido en antaño- deja pasar el hecho de que el presidente libertario reclama tener poderes especiales para fijar retenciones (a la suba o a la baja) por los próximos cuatro años, hasta el 9 de diciembre de 2027.
Ni la Cristina Kirchner empoderada del “vamos por todo” se hubiera animado a tanto. Pero Milei si lo hace. Y los mansos dirigentes rurales miran -como con vergüenza- hacia cualquier otro lado.
