Por Esteban Guida*
Apenas llegado de su viaje por Europa, el presidente Mauricio Macri hizo una inmediata aparición mediática que generó grandes expectativas. Aunque muchos esperaban conocer las novedades de sus reuniones y entrevistas con altos funcionarios, empresarios y personalidades de las finanzas mundiales, la conferencia de prensa tuvo más que ver con la agenda mediática a la que Cambiemos sabe atender con sobrado profesionalismo.
En efecto, el presidente anunció tres medidas que generaron no poca polémica, eludiendo los temas de fondo y eludiendo las preguntas sobre las concreciones de su ostentosa gira por Europa.
Las medidas anunciadas se enmarcan en la necesidad de bajar el gasto público y mostrar mayor austeridad, aunque el trasfondo es la premura por avanzar en el desguace del Estado, quitando su capacidad de regular la economía e impedir su eficaz intervención para corregir los fallos del mercado, orientar los recursos con un criterio de justicia social y mejorar la equidad distributiva.
La primera medida anunciada fue la reducción de 1 de cada 4 empleos del poder ejecutivo nacional; en otras palabras, un achicamiento en la plantilla del personal del 25%. En rigor de verdad, la idea no es achicar el Estado, sino cambiar su rol, puesto que desde su asunción, Macri creó cinco nuevos ministerios, 17 secretarías de estado y 38 subsecretarías, elevando a 687 las direcciones nacionales y generales, y a 122 los institutos y organismos del Poder Ejecutivo.
El Decreto posterior al anuncio, busca allanar el camino para sostener el énfasis en el desmantelamiento de aquellos organismos que cumplen un rol regulador de la actividad económica y se encargan de resguardo el interés de los ciudadanos (como por ejemplo, el Inti, Senasa, etc.).
Si el propósito de la disminución del 25% en el personal del poder ejecutivo refiere a una cuestión de reducción del gasto, el impacto esperado sería aproximadamente de 1.500 millones pesos, recién cuando se llegue al total de despidos, sin contar obviamente los juicios e indemnizaciones que puedan surgir de esta medida. Esto, sin embargo, representa apenas un ahorro de 0,60% para el PEN en materia de sueldos (actuales), pero una pérdida de más de 77.600 cargos en el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el gobierno todavía no se especificaron en qué dependencias se llevarían a cabo estas cesaciones, pero teniendo en cuenta que el 68% del personal corresponde a los Ministerios de Defensa y Seguridad, ¿despedirán a 50.000 policías y gendarmes?
Las otras dos medidas se explican más bien por el marketing político al que el gobierno de Cambiemos recurre con notable destreza, sobre todo cuando necesita desviar la atención pública de los problemas de fondo que afectan a las grandes mayorías.
Congelar los sueldos de los funcionarios durante el año en curso como ejemplo de austeridad, es subestimar la inteligencia de los argentinos con llamativa impunidad. ¿Cuál es el gesto de austeridad si muchos de ellos han amasado su fortuna a costa del Estado, participan directa o indirectamente de los negociados por ellos mismos propiciados, se auto permiten blanquear dinero de impuestas evadidos y poseen importantes fortunas en el exterior, cuando no en paraísos fiscales?
Mismo placebo resulta la decisión de que los ministros no puedan tener familiares en el poder ejecutivo. Claramente no hay delito en ello; la inmoralidad radica más bien en el peculado, que sigue siendo un estigma del Estado argentino. Si de dar el ejemplo se trata, el Presidente podría haber pedido la renuncia de los ministros que han utilizado su posición en el gobierno en pro de sus intereses personales y corporativos, a costa del Estado; pero obviamente, eso implicaría pedirse la renuncia a sí mismo.
Ninguno de estos anuncios puede juzgarse relevante en términos del interés nacional y de los problemas que enfrentan actualmente los argentinos que, lejos de las tapas de los principales medios masivos de comunicación, siguen resistiendo el embate contra el empleo y la pérdida de sus puestos de trabajo, propiciando un estado de movilización popular que avanza a pesar de indiferencia de los gobernantes.
