Por Alejandro Maidana
El tribunal que integraron los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón, daban a conocer días atrás un fallo que trajo no sólo polémica, sino también un dejo importante de impunidad.
El 4 de enero del 2015 sería para la familia Herrera el día en que sus vidas cambiarían para siempre. Miembros del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) le arrancaban los sueños a un joven que cometió la herejía de estar lavando su auto en la puerta de su casa.
Entre penas menores y absoluciones se debatió la sentencia, una bala disparada por la justicia que no hizo otro cosa que asesinar nuevamente al pibe de barrio Tablada.
El peligro latente del gatillo fácil, la abulia del estado y la inequidad de la balanza judicial, forman un cóctel tan explosivo como exasperante. Sobre ello, Conclusión dialogó mano a mano con familiares de Jonatan Herrera. “Fue un golpe notable para todos aquellos que luchamos para que los culpables del cobarde asesinato de mi hermano tengan una condena ejemplar. Pese a lo patético del fallo de la justicia, vamos a redoblar la lucha para que los asesinos de Jonatan tengan la condena que merecen”, dijo Julieta.
Largo y espinoso fue el recorrido. Una realidad transformada en lo que nadie esperaba caló hondo en el espíritu de la familia. “Es tan perverso todo esto que no sólo tuvimos que hacer el duelo por mi hermano, sino también dejar nuestro barrio como si hubiésemos sido nosotros los asesinos. Recibimos amenazas de toda índole, algo que obligó a dejar nuestra casa y el sustento de cada día referido a lo laboral. Nos arruinaron la vida. Es una pesadilla que parece no tener fin. Habíamos apostado todo a este juicio pero ganó nuevamente la impunidad. Ser pobre y laburante te condena a siquiera poder alcanzar justicia”, enfatizó la hermana de Jonatan.
¿Cómo sostenerse en un grado tan alto de vulnerabilidad económica y emocional? Esta es una pregunta recurrente cuando los damnificados no gozan del beneficio de pertenecer a una clase social acomodada. “Sentimos que luchamos contra molinos de viento. En esta sociedad, ser pobre y pretender perseguir justicia es un imposible. Nos costó muchísimo llegar al juicio oral y público, y fijate qué día eligieron para dar el veredicto. Lo hicieron en el contexto de una paro general, donde no había ómnibus y los medios de comunicación, salvo raras excepciones, no se acercaron. Pese a todo eso fuimos a ponerle el pecho a esta triste realidad”, con el entrecejo fruncido pero con mucha fuerza, expresaba su bronca María Elena, una mamá dolorida pero muy lejos de estar derrotada.
Llevar adelante acciones legales contra la institución policial suele ser un hecho que en muy pocas oportunidades trae consigo un final feliz para los damnificados. “Hemos tenido que soportar todo tipo de burlas y amedrentamientos en pleno juicio por parte de los responsables de la muerte de mi hijo. Esto, sumado a que uno de los jueces se la pasó durmiendo en todas las audiencias, claramente haciendo gala de su desinterés por el caso, o bien a sabiendas de cuál iba a ser el destino de todo esto. Por suerte había un domo de filmación. Nos apoyaremos en el mismo para solicitar el juicio político para el juez Juan Carlos Alarcón. A Jonatan le tiraron 49 tiros, pero para los jueces nadie quiso matarlo”, continuó.
Carlos Del Frade y Mercedes Meier, diputados provinciales del FSP, promoverán el inicio del juicio político a dicho juez alegando lo expresado por familiares y apoyándose en la actualidad de una justicia santafesina que hace agua por todos lados.
No hubo condena ejemplar para un caso deleznable de gatillo fácil. El próximo 25 de abril se darán a conocer los argumentos de un fallo escandaloso. Desde esa fecha, habrá diez días para poder apelar. Mientras tanto, la familia Herrera junto a las de Franco Casco, “Pichón” Escobar, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Jonatan Ojeda y Maximiliano Zamudio, seguirán gritando juntas “basta de violencia institucional”.
