El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibió a la familia de Franco Casco, el joven que. según la teoría fiscal «fue golpeado, torturado y asesinado por efectivos de la policía de Santa Fe en 2014», para transmitirles que la Secretaría volverá a asumir el rol de querellante que tuvo en el año 2015 y que fue abandonado durante la gestión anterior.

En la reunión, de la que también participó el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, Pietragalla Corti expresó el compromiso de la actual gestión con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad de todo el país. “Si bien la violencia institucional es transversal a todos los gobiernos, no todos reaccionamos igual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso contra la violencia institucional y por eso acompañamos activamente los reclamos de verdad y justicia”, expresó el Secretario de Derechos Humanos.

El próximo 6 de diciembre comenzará el juicio que tiene a 19 efectivos de la policía provincial, varios de ellos de la comisaría 7° de Rosario, acusados por desaparición forzosa.

El caso según la teoría fiscal 

El 6 de octubre de 2014, Franco Casco, que por entonces tenía 20 años de edad, fue abordado por efectivos de la Comisaría 7ma de la ciudad de Rosario cuando se dirigía a la Estación de Trenes para regresar a Buenos Aires.

Según se desprende de la misma investigación, Casco fue llevado a “La Jaulita”, un calabozo que no reunía las condiciones apropiadas y al que eran llevados los jóvenes mientras hacían la averiguación de antecedentes. De acuerdo a testimonios brindados en la causa, allí fue golpeado y torturado. Si bien la Policía manifestó que el joven había sido liberado luego de ser apresado por atentado y resistencia a la autoridad, más tarde se supo que hubo irregularidades en su detención y causa, y su cuerpo fue encontrado en el río Paraná el 30 de octubre de ese año por la Prefectura Naval. Luego de la autopsia correspondiente, se determinó que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.

La otra versión de los hechos

En contraposición a la teoría de la Fiscalía, que también fue acompañada por la querella, los 19 efectivos policiales acusados sostienen su inocencia. A diferencia de la parte acusatoria, los policías sostienen que Franco Casco fue detenido el 7 de octubre al mediodía, y fue liberado el mismo día a la noche. Se realizaron todas las diligencias ordenadas por la Fiscalía provincial, que investigaba la denuncia de búsqueda de paradero, en los primeros momentos.