Por Alejandra Ojeda Garnero 

Una nueva jornada en el juicio por la muerte de Franco Casco se llevó a cabo esta semana. La medida consistió en realizar un segundo recorrido por las instalaciones donde estuvo detenido Franco Casco y los lugares desde donde supuestamente fue visto por las personas que se encontraban detenidas en aquel momento. El objetivo fue corroborar en el lugar la veracidad de los testimonios de un detenido que aseguró haber visto como golpeaban a Franco Casco desde el lugar denominado “cuadra”; además el testimonio de la empleada de la secretaría de Derechos Humanos, quien manifestó que un detenido le dijo que a Franco Casco lo golpearon en “el vestuario”. Otro detenido había afirmado que a los demorados en “la jaulita” les tiraban agua con un balde que había debajo de una canilla que se encontraba en ese lugar, sin embargo, se verificó que no existe dicha canilla en ese lugar. La primera inspección ocular se realizó en mayo pasado, y del mismo modo arrojó resultados desfavorables para la teoría acusatoria.  Como en cada una de las audiencias y medidas que se llevan adelante en este juicio, Conclusión fue el único medio que estuvo presente.

 

El juez Otmar Paulucci y el fiscal Fernando Arrigo dentro del «transitorio» donde estuvo alojado Franco Casco.

La teoría acusatoria sostiene que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre de 2014 en la estación Rosario Norte, por el comisario Diego Álvarez y el jefe de sumarios César Acosta, luego trasladado a la seccional séptima ubicada en Cafferata al 300, detenido ilegalmente en una celda que denominaron “jaulita”, donde murió bajo tortura y luego arrojado al río Paraná. El cuerpo apareció 24 días después a la altura del Parque España. Esta fue la única hipótesis que sostuvieron los acusadores, tanto la querella como la fiscalía, y no se siguió ninguna otra línea de investigación.

«Transitorio» donde estuvo alojado Franco Casco.

En cambio, los acusados sostienen desde un primer momento que el joven fue detenido el 7 de octubre, alrededor de las 13, en Alsina y Bordabehere, luego del llamado de un vecino que denunció la presencia de personas merodeando el barrio con aparente intención de cometer un ilícito. El comisario Álvarez junto al jefe de sumarios César Acosta se subieron al móvil y realizaron un breve recorrido por la zona donde advirtieron la presencia de un joven. Al tratar de identificarlo, éste se negó y arrojó un objeto hacia los efectivos. Tras un forcejeo lograron reducirlo y trasladarlo en el patrullero hasta la comisaría séptima donde quedó alojado en el “transitorio”, lugar destinado a las personas demoradas por averiguación de antecedentes, tal el caso de Franco Casco en ese momento. Se realizaron las diligencias de rigor y fue liberado a las 22.05 del mismo día por orden del fiscal Campos, a quien dieron aviso al momento de la detención.

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El juicio, que tiene a 19 policías acusados, cinco de ellos en prisión preventiva efectiva en penales federales y el resto en prisión domiciliaria desde hace más de cinco años, comenzó el pasado 6 de diciembre de 2021, ocho años después de ocurridos los hechos. Frente al tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez ya desfilaron cientos de testigos, que ratificaron los informes científicos que constan en el expediente desde el inicio de la investigación, en 2014, y avalan la versión de los acusados.

Pasillo del sector de penales, transitorio y cuadra. A la izquierda de la imagen puertas del penal 1, penal 2 y transitorio. A la izquierda puerta del vestuario y puerta sur de la cuadra.

En octubre de 2014 aproximadamente 40 personas se encontraban detenidas en los penales 1 y 2 de la comisaría séptima. De ese total, 27 declararon como testigos en distintas audiencias del juicio, pero solo uno de ellos dijo haber visto y escuchado que a Franco Casco lo detuvieron en “la jaulita”, y lo golpearon hasta la muerte. Ese testigo es Pablo A., un joven que tiene varias condenas, principalmente por el delito de estafa. Fue el único que aseguró haber visto a Franco Casco la noche del 6 de octubre de 2014, cuando “estaba en la cuadra porque al día siguiente tenía una salida laboral temprano” y por ese motivo lo habían dejado apartado del resto de los detenidos. Aseguró que vio a Franco a través de la mirilla de la puerta que se encuentra en forma oblicua a la puerta del “transitorio” donde estuvo alojado Franco.

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La “cuadra” tiene dos puertas, una perpendicular al pasillo del penal (oeste) y otra en el mismo pasillo del penal (sur), es decir en la misma línea pero en la cara opuesta del pasillo. La primera puerta tiene dos espacios por los cuales se puede observar hacia el exterior, uno arriba, a la altura de los ojos y otro abajo, a unos centímetros del piso. En ambas aberturas tiene rejas tipo panal de abeja de escasos centímetros, por lo tanto la visión está bastante reducida.

El defensor oficial Martín Gesino dentro de la cuadra verificando el ángulo de visión de la mirilla superior de la puerta oeste con un laser.

Para verificar los dichos del testigo A., juez, fiscales, querellantes y defensores ingresaron a “la cuadra” y observaron a través de ambas mirillas. El defensor oficial Martín Gesino realizó una prueba con una luz laser con el fin de dar con el ángulo de visión que dijo tener el detenido. La prueba arrojó que desde ese lugar sólo se puede observar una pequeña porción del rincón donde empieza el pasillo de los penales, y de ninguna manera se puede ver la puerta del “transitorio”. Lo mismo ocurre con la mirilla de la parte inferior de la puerta, que resulta más dificultoso aún observar.

Con la segunda puerta (sur), que tiene una mirilla en la parte superior, a la altura de los ojos, ocurre algo similar, el ángulo de visión no permite observar la puerta del transitorio, sino el mismo rincón donde comienza el pasillo donde se encuentran los penales.

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Con esta prueba, que fue observada por todas las partes, se derribaron tres hipótesis de la acusación basadas en el testimonio del detenido Pablo A., quien aseguró haber visto a Franco Casco la noche del 6 e octubre de 2014, desde “la cuadra”, aunque en los registros de la comisaría consta que estaba alojado en el penal 1. El recuento de detenidos se realizaba a la mañana y a la noche y quedaba constancia en el libro de guardia.

En su declaración, la empleada de la secretaría de Derechos Humanos, Malena S., al igual que su par Diego Rodríguez, aseguró que el 28 de octubre de 2014 fueron a la comisaría séptima con la excusa de verificar las condiciones de detención de las personas alojadas en los penales de la dependencia, pero la verdadera intención era consultarles a los presos “si habían visto u oído sobre Franco Casco”. En ese sentido, la testigo aseguró que un detenido, de quien no pudo precisar el nombre, le dijo que vio cuando a Franco Casco lo golpearon “en el vestuario”. Este lugar se encuentra luego de “la cuadra, con la puerta de ingreso en el pasillo de los penales pero no está enfrentada a ninguna de las puertas de los penales, por lo tanto la visión es en ángulo.

Vista desde el penal 2 (con la puerta de reja abierta) hacia la puerta del vestuario

 

Vista desde el penal 2 (con la puerta de reja cerrada) hacia el vestuario.

Esta última verificación arrojó que no es posible que, tanto desde el penal 1, y mucho menos desde el penal 2, algún detenido haya tenido la posibilidad de ver lo que ocurría dentro del vestuario, ya que lo único que se puede observar es una porción de la pared, opuesta al sentido de apertura de la puerta. Otro testigo que queda al borde del falso testimonio.
Por último los defensores corroboraron la existencia de una canilla, que uno de los efectivos que se desempeñaba en la comisaría había mencionado en su declaración, en la cual Franco habría tomado agua antes de retirarse en libertad la noche del 7 de octubre. El policía dijo que el joven se estaba retirando de la seccional cuando él ya había dejado su servicio y se disponía a retirarse hacia su domicilio, cuando se cruzó con Casco y le pidió agua, éste le indicó que había una canilla detrás del portón (en ese momento estaba abierto) de ingreso a la seccional. El testimonio quedó ratificado con la existencia de la canilla en el lugar indicado.

Otro detenido declaró que en el pasillo de los penales había un balde debajo de una canilla, con el cual le arrojaban agua a las personas que quedaban alojadas en el «transitorio». El recorrido exhaustivo por el pasillo del sector de penales dejó en claro que dicha canilla no existe y nunca existió en el lugar. Una fuente del caso, manifestó que nunca se colocan canilla u otros elementos que puedan resultar «peligrosos» para los detenidos, porque pueden autolesionarse.

Pasillo del sector de penales donde no se observan canillas.

Vale aclarar que el sector inspeccionado por el juez, fiscal y abogados de las partes, fue clausurado desde el momento de los hechos y no se realizó ningún tipo de modificación. El edificio se encuentra en total estado de abandono.

Plano de la comisaría séptima.

 

Canilla ubicada detrás del portón de ingreso.

 

Ángulos de visión desde la mirilla de la puerta oeste de la cuadra hacia el «transitorio».

 

Ángulos de visión con luz laser desde la mirilla de la puerta oeste de la cuadra hacia el transitorio.

 

Ángulo de visión desde la puerta sur de la cuadra hacia el «transitorio»

El caso

Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, cuando su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.

Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cinco años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.

Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Álvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.

César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte del joven.

En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.