Por Alejandra Ojeda Garnero
En una nueva jornada en el juicio por la muerte de Franco Casco se reveló información sensible que puede comprometer la continuidad de la causa. El testimonio de dos empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia dejó al descubierto una serie de irregularidades que harán desfilar a varios funcionarios judiciales frente al tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, quienes deberán decidir en base a las pruebas que se produjeron durante el debate, la responsabilidad de los 19 policías procesados por desaparición forzada, tortura y muerte de Franco Casco. En el debate que se desarrolla desde diciembre pasado en los Tribunales Federales, Conclusión sigue siendo el único medio presente en todas y cada una de las audiencias.
En el año 2014 el abogado Diego Rodríguez, era empleado de planta permanente de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, desde el año 2007 y desde el 2010 jefe de departamento de monitoreo del sistema jurídico penal. Entre enero de 2020 y fines de noviembre de 2021 ocupó un cargo político, subsecretario de Control Institucional del ministerio de Seguridad. Actualmente se desempeña en su cargo de planta en la Secretaría de Derechos Humanos.
El 28 de octubre de 2014 entrevistó a personas alojadas en la comisaría séptima, como empleado de la secretaría de Derechos Humanos, junto a otra empleada Malena S., con el objetivo de recabar información sobre la presencia de un joven que «estaban buscando, que estaba desaparecido y podría haber estado en esa comisaría».
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Desde el inicio de la investigación por búsqueda de paradero, representantes de distintos organismos del Estado entrevistaron a los detenidos que estaban alojados en octubre del 2014 en la comisaría séptima, y toda la información quedó registrada en distintas actas de entrevistas, que constan en el expediente. Llamativamente, la información recolectada en esa visita, por el abogado Rodriguez y su compañera, no quedó registrada en ningún documento, soporte o registro de ningún tipo. Dicha información se conoció en un informe de diciembre de 2021 que recién se incorporó al expediente, en el cual, según expuso en defensor Paul Krupnik, surgieron una serie de contradicciones, por lo cual realizó una petición al tribunal para que los funcionarios judiciales involucrados en aquel momento en la investigación sean convocados a declarar en este debate.
El mismo día, dos abogadas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, también entrevistaron a los detenidos por el mismo tema. Elsa Godoy había recibido un llamado que aseguraba que Franco Casco estaba en la comisaría, y allí se dirigieron las defensoras Lucía M., y Susana B., aunque la mayoría aseguró no haberse cruzado en la dependencia, una de ellas mencionó que se vieron en la puerta.
Para lograr el ingreso el empleado de la secretaría de Derechos Humanos dijo que «iba a hacer una visita para ver las condiciones de detención», pero luego de recorrer el lugar, los policías abrieron las rejas de los penales y «a los que tenía más cerca les consulté si tenían referencia de una persona que estaban buscando, que estaba desaparecida y podría haber estado en esa comisaría».
«La idea era generar confianza, porque si hay policías cerca los detenidos no quieren hablar», detalló el empleado, quien además aseguró que se trató de «conversaciones que no fueran evidentes».
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En ese momento, los detenidos «estaban viendo televisión sobre lo que había pasado en la comisaría» y le dijeron a Rodriguez que «(Franco Casco) había estado ahí, que lo habían golpeado, que había estado en el penal transitorio, y que incluso había intercambiado palabras con algunos de ellos». Sin embargo, el testigo no pudo precisar los nombres de los detenidos que le brindaron una información tan sensible, en el momento en que Franco Casco era intensamente buscado por sus familiares. Pero ante la insistencia del defensor Paul Krupnik sobre la identidad de los detenidos dijo que solo podía recordar el nombre de uno de ellos, «recuerdo a dos, de uno me acuerdo el nombre porque lo volví a cruzar unos meses después en una unidad penitenciaria, (Pablo) A. es uno, el otro no me acuerdo».
Casualidad o causalidad, el detenido Pablo A., prestó declaración en este juicio el 10 de junio pasado, y se encuentra bajo el programa protección de testigos por haber manifestado que había recibido amenazas que nunca denunció formalmente y tampoco pudo precisar la identidad de los policías que supuestamente las realizaron. En cuatro oportunidades estuvo detenido por estafa, y actualmente se encuentra en prisión por el mismo delito. El mismo detenido que además aseguró que vio a Franco Casco la noche que lo detuvieron, porque se encontraba en la cuadra, cuando en los registros figuraba que se encontraba en el penal 2 desde donde no se puede ver el penal transitorio donde estuvo detenido el joven de Florencio Varela.
El mismo testigo que también aseguró que cuando llegaron “los de Derechos Humanos les pedí que me ayuden para el traslado”, y agregó de forma contundente, “ellos no me prometían nada, hacían”. “El traslado a la Unidad 3 se da a partir de hablar con los de Derechos Humanos, porque ya me conocían de otra comisaria, siempre estaban ahí y con mi esposa manejándose afuera”, Y agregó “siempre estaban atentos a lo que yo necesitaba”. “Con Salvador Vera tuve conversaciones por mis beneficios y traslados”.
Retomando las entrevistas informales del 28 de octubre de 2014, el empleado de la secretaría de Derechos Humanos dijo que no se hizo registro de las mismas, a pesar de la información de extrema importancia, «no lo podía volcar, ni cautelar, ni escribir porque al ingresar la policía me sacó el celular, entré sin ninguna pertenencia». Pero, cuando salió de la dependencia recuperó su teléfono y «me comuniqué desde la puerta con el fiscal Trangoni, que estaba con la causa de búsqueda de paradero y le comuniqué que algunos detenidos habían dicho que el muchacho había estado ahí».
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En ese momento, habían transcurrido veintidós días de la desaparición de Franco Casco, y según Rodriguez, a pesar de la información que el testigo le comunicó al fiscal de la causa, éste solo pidió que realice un relevamiento de cámaras de la zona, y verificó la existencia «en la comisaría, no sabía si grababan o no, en el banco de Santa Fe, otra en Cafferata y Catamarca, y que posiblemente había otra en la vereda de enfrente donde había un restaurante». «Esa información se la transmití a quien tenía a cargo la búsqueda de Franco Casco», aseguró.
La secretaría de Derechos Humanos realizó un expediente sobre la búsqueda de Franco Casco, «lo vi, pero no se recuerdo el contenido», aseguró el testigo, aunque aclaró que «no estuve un par de años en la secretaría». Pero al exhibirle el documento, explicó que «es un informe reciente, que se hizo en diciembre de 2021, era el primer día que me reintegraba después de haber renunciado en el ministerio de Seguridad. Había que contestar un oficio y escribí eso». Queda claro entonces que la información que el 28 de octubre de 2014, que se transmitió por teléfono al fiscal, recién se plasmó en un informe escrito en diciembre de 2021.
Del mismo modo procedió el empleado de la secretaria de Derechos Humanos cuando tuvo una entrevista personal con la mamá de Franco Casco. «Me llamó una persona que trabaja en una ONG barrial porque esta persona les pidió ayuda para buscar a su hijo que estaba desaparecido, recuerdo la entrevista con Elsa Godoy», pero tampoco quedó registrada en ningún documento.
Luego de estas diligencias, el testigo dijo que le pidió un informe al comisario Diego Álvarez sobre lo que había sucedido con Franco Casco, «y el jefe de la séptima trajo el informe en persona».
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Sobre el informe de diciembre de 2021, que se realizó «de apuro para contestar un oficio», según el testigo, afirmó que habló con el fiscal Apanowicz, pero en la presente audiencia aseguró que le transmitió la información al fiscal Trangoni, según planteó el defensor Paul Krupnik, al enumerar una serie de contradicciones, sobre la cantidad de detenidos que manifestaron haber visto como Franco Casco era golpeado, en el informe dijo un testigo y en la audiencia aseguró que fueron dos.
En el mismo sentido declaró Malena S., empleada de la secretaría de Derechos Humanos, que entonces trabajaba en el registro de niños extraviados de la provincia. En ese momento «nos pidieron que también nos ocupáramos de los adultos».
Contó que llegó con su compañero Diego Rodriguez a la comisaría séptima «para ver si obteníamos alguna información sobre la desaparición de Franco Casco».
«Ingresamos a los penales y entrevisté a los detenidos, la entrevista fue bastante informal porque en principio íbamos a ver las condiciones de alojamiento, no dije enseguida que estábamos por lo de Casco porque la policía daba vueltas y no podía hablar con tranquilidad con los presos y para resguardarlos, primero les pregunté por las condiciones de alojamiento. Había muchos más de los que tendría que haber, si tenían colchones», esa fue la primera parte.
Luego les preguntó si sabían que «además estábamos para ver si sabían algo de una persona que había estado detenida en esos días, que no podíamos asegurar cual era la fecha, y que no había vuelto a donde tenía que volver», dijo la empleada de la secretaría de Derechos Humanos, y la respuesta no se hizo esperar, «un detenido que estaba sentado adelante mío, señaló el televisor donde aparecía la foto de Franco Casco, apuntó con la mano un lugar y dijo que lo estuvieron verdugueando ahí hasta que se les pasó la mano».
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En resumen, ¿es posible que mientras toda la provincia estaba buscando a Franco Casco con vida, estas personas se enteraron, supuestamente por testimonios de detenidos en la comisaría séptima que el joven había sido golpeado, «que se les había pasado la mano» y no se lo comunicaron a nadie formalmente, sólo lo hizo a través de un llamado telefónico al fiscal? ¿Y recién lo plasmaron en un documento siete años después, en diciembre de 2021 al responder un oficio?
Testigos de concepto
En la audiencia también prestaron su testimonio, familiares de detenidos y vecinos de la comisaría. El comisario Diego Álvarez fue cuestionado por haber recibido el llamado de un vecino a su teléfono celular y acudir en persona a verificar la denuncia del vecino Daniel C., sobre la presencia de personas merodeando la zona de su casa, “tanteando los picaportes”. Momento en el cual se produce la detención de Franco Casco. El personal de la comisaría séptima también fue cuestionado por algunos internos, por el “trato” que les dispensaban a las visitas. Sin embargo, tanto familiares de los detenidos, como algunos vecinos de la comisaría, fueron categóricos al afirmar que la comisaría era tranquila, y que el comisario era una buena persona.
Exparejas de personas que cumplían condena en la comisaría séptima indicaron que “para ingresar a la visita, te anunciabas, te requisaban los bolsos y la requisa personal. Hacíamos una fila por orden de llegada”, dijo quien fuera esposa de un detenido en 2014. Como otros familiares, contó que “era un penal evangélico”. Y su pareja “nunca comentó nada malo de la comisaría”. Y en el mismo sentido declaró la madre una niña que tenía en común con otro recluso.
Por otra parte, dieron su testimonio dos comerciantes de la zona. El dueño de un estacionamiento ubicado en San Lorenzo y Ovidio Lagos, contó que “conocí al comisario Álvarez cuando entró a la seccional, se presentó en todos los comercios, dejó su tarjeta por si alguno de los comerciantes necesitaba algo”. “Es una persona de bien, se preocupaba por su jurisdicción, estaba con los comerciantes”, expresó el testigo, al tiempo que aclaró que “no se quien es el comisario actual de la seccional”.
Otro comerciante de la zona declaró en el mismo sentido, y coincidió con el otro testigo que “conocí a Álvarez cuando llegó a la comisaría y se presentó. Me pareció raro que se presente. Por si había algún inconveniente me dejó su teléfono particular».
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
