Doce integrantes de una organización narco que hasta diciembre de 2017 comercializaba drogas en la ciudad de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, mediante reparto a domicilio, fueron condenados con penas de hasta once años de prisión.
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario que impuso las condenas, en el juicio que se desarrolló en parte de manera presencial y en parte virtual.
La condena más alta, a once años, fue según informó el Ministerio Público Fiscal, para Diego Gentini, a quien se le probó el poder territorial que ostentó con la organización y en el acceso a armas de fuego.
La actividad era realizada por el hombre junto a su pareja Ayelén Duré, quien fue condenada a nueve años, y juntos fueron sindicados como los líderes.
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La lista de las penas se completa con Rodrigo Rígoli (nueve años y medio); Liliana Rivero (nueve años); Ángel Elmo (ocho años); Jonatan Gentini (hermano de Diego, siete años y medio); Alan Fernández, Cintia Caballero, Alejandro Leguizamón y Antonio Silva (seis años y seis meses) y Paola Jovine (seis años). En estos casos la calificación legal fue la de coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes.
El veredicto condenatorio del TOF N°2 alcanzó también a Luciano Elmo, a tres años de ejecución condicional como partícipe secundario. Además, se dispuso la absolución de otras dos personas que llegaron acusadas al juicio, en consonancia con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal.
La sentencia incluyó también multas en unidades fijas que, en su equivalencia en pesos, oscilan entre 85 mil y 1.832.000 mil pesos, por un total cercano a los siete millones. También se dispuso el decomiso de vehículos, dinero, notebooks, teléfonos celulares y balanzas, entre otros elementos.
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La investigación se inició con un parte de la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario, que daba cuenta de que en el cruce de la calle Rueda y la Ovidio Lagos se comercializaban estupefacientes.
A pedido de la Fiscalía Federal N°1, se dispusieron tareas de investigación que finalizaron el 4 de diciembre de 2017, con allanamientos, detenciones y la incautación de material estupefaciente, dinero y material de interés para la causa.
El MPF no descartó que operaran con «cobertura policial» para el desarrollo del negocio ilícito.
