Tras la polémica por los 195 nombramientos en el flamante Organismo de Investigaciones y tras los duros cuestionamientos del Sindicato de Trabajadores judiciales sobre el «ingreso por la ventana» de una gran cantidad de personal con «contactos políticos» y sin «características específicas para dichas funciones, siguen las repercusiones.

Ante el cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento, los judiciales solicitaron al fiscal general, Jorge Baclini que «entregue una copia del expediente donde esté detallado cómo se efectuó la selección de este personal».

En diálogo con Conclusión Alejandro Nucci, prosecretario del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales aclaró que «todavía no ingresaron, fue una propuesta del fiscal general para que ingresen al Organismo de Investigación que fue un organismo que se creó en una ley del 2015, que facultaba al fiscal general a tomar personal de diversos poderes del Estado, incluso empresas del Estado».

Por otra parte señaló que «lo que la ley dice es que tiene un plazo de 4 años para hacer esa selección y tiene que ser una selección gradual durante ese lapso y era un plazo excepcional. Pero esta metodología de tomar gente de los distintos poderes del Estado que uno supone que los tomaría del Ministerio de Seguridad porque ahí hay equipos técnicos en materia investigativa, presumimos que ese listado de 195 personas hay gente que no tiene esa especificidad, algunos ya cumplen funciones en el MPA y no cumplen con esa característica».

Entre la serie de cuestionamientos que plantearon al fiscal general, explicó que «marcamos en la impugnación que realizamos el 6 de marzo es que está fuera de término. El plazo se venció en enero y la resolución del fiscal fue el 7 de febrero».

Ante el planteo del gremio «el fiscal general sacó una resolución el lunes suspendiendo los efectos de esa resolución a los fines de tener una mesa de diálogo y llegar a consenso para que evaluemos y la persona que no reúne los requisitos que establece la ley no sea incluida», detalló.

«No estamos en contra del Organismo de Investigación, la cuestión es que se hace todo a las apuradas y sin cumplir la ley», espetó Nucci.

Además indicaron que luego de los cuestionamientos a Baclini por los nombramientos, «en el día de hoy recibimos una cédula del fiscal general donde nos corre un traslado por 10 días por la impugnación que presentamos. Lo que exigimos es que entregue una copia del expediente donde esté detallado cómo se efectuó la selección de este personal».

En el mismo sentido expresó: «También pedimos que la Corte Suprema se aboque porque es quien tiene la última palabra, que tome intervención y se expida según crea es legal o no el nombramiento realizado por el fiscal general».