Dos de las más importantes organizaciones globales de lucha contra el abuso eclesiástico estimaron en 1.300 el total de agresores sexuales, entre curas y monjas, en Argentina -muy por encima de los 100 casos conocidos públicamente-, al manifestarse hoy en las escalinatas de la Catedral Metropolitana junto a víctimas y asociaciones locales.

“La cifra de curas acusados de abuso hoy llega a cerca de 100, pero sabemos que esto es una fracción pequeña del número real”, dijo a Télam Anne Barret Doyle, de BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos). “Calculamos que podrían llegar a 1.300 los agresores sexuales dentro de la Iglesia argentina y eso se basa en la extrapolación de la relación entre los casos públicamente expuestos y los que la propia Iglesia se vio forzada a divulgar en países como Irlanda, Australia y EEUU”, agregó.

Representantes de su organización y de Ending Clergy Abuse (Fin al Abuso del Clero, ECA) acompañaron a sus pares argentinos en esta actividad de visibilización, que incluyó la entrega de folletos y el despliegue de un banner destinado al papa Francisco que los transeúntes podían ir
llenando con sus mensajes anti-impunidad.

La actividad sirvió de marco para renovar el pedido al Papa de “tolerancia cero real” con este tipo de delitos y de una pronta visita pastoral a Argentina para “liderar esta lucha” y en coincidencia con el desarrollo de las misas de 10 y 11:30. El fundador de esta organización, Peter Isely, aseguró a Télam que en el país del papa Francisco “hay muchos sobrevivientes ocultos” abusados por religiosos, “alrededor de 15.000” desde 1950. “Es que por cada víctima que sale a la luz, hay posiblemente 100 ó 200 más que todavía no han hablado”, agregó.

Ambos activistas coincidieron en el papel clave que le cabe al país en la “crisis de los abusos sexuales en la Iglesia”. “Si el Papa no logra implementar la tolerancia cero en Argentina, esto no sucederá en ninguna otra parte. Ha habido muchos avances en el mundo, pero todos los ojos están mirando aquí”, enfatizó.

Además de la propia Iglesia -donde, dijeron, “el principal obstaculizador es el papa Francisco”-, ambos sindicaron al estado argentino como el otro gran escollo para que las víctimas se animen a denunciar y haya justicia.

“La razón principal es el concordato firmado entre el Vaticano y el estado argentino en 1966. En los últimos años muchos fiscales y abogados han pedido información concreta sobre casos de violación y los obispos se han negado amparándose en este acuerdo”, afirmó Barret.