Cuatro efectivos policiales fueron imputados en el marco de la causa que investiga la muerte de Carlos «Bocacha» Orellano, el joven de 23 años que fue visto por última el 24 de febrero pasado cuando fue a bailar al bolcihe Señor Ming y apareció muerto en el río Paraná.
La audiencia se llevó adelante este mediodía en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y los policías, que son los últimos que lo vieron con vida, fueron acusados de falsear un acta policial, omitir medidas de investigación y no dar aviso a otras autoridades de cuando vieron que el joven caía al agua. Dos de ellos cumplían adicionales en el boliche y los otros dos son un comisario y un sumariante de la comisaría 2ª.
Una mujer (C.L.G) de 41 años, un hombre (G.J.N) de 38 años fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores y en grado consumado y falsedad ideológica de instrumento público agravada en carácter de coautores y en grado consumado; mientras que a B.B.L., una mujer de 34 años y P.A.B., un hombre de 42 años se los imputó por el delito de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en carácter de Autores y en grado de Consumado.
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El fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos les atribuyó a C.L.G y G.J.N. que en horas de la madrugada del día 24 de febrero de 2020, mientras se encontraban cumpliendo servicios de policía adicional en “Sr. Ming”, al presenciar, en inmediaciones del lugar la presunta caída de Carlos Daniel Orellano a río Paraná, los imputados dieron aviso a las 5.35 aproximadamente a la central de emergencias del 911 y a personal de Prefectura Naval Argentina omitiendo informar en esa oportunidad la existencia de una interacción entre los imputados y la víctima, los llamados a dos hombres pertenecientes al personal de seguridad del boliche.
Luego, C.L.G y G.J.N. se retiraron inmediatamente del lugar, sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura, ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate.
Asimismo se les imputa haber insertado en el acta de procedimiento redactada y suscripta por ambos imputados, declaraciones falsas, haciendo constar que observaron “detrás de las barandas de seguridad, una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua…”, siendo que se podría tener por acreditada una interacción entre Orellano y un grupo de personas compuesto por los dos empleados de seguridad del boliche mencionados y los imputados C.L.G. Y G.J.N., quienes cumplían servicio de policía adicional en el mismo local bailable. Según entiende Fiscalía, esta situación de relevancia, fue intencionalmente omitida por los imputados en el acta que se les requirió, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos.
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Sobre la causa de la muerte, el fiscal Saldutti comentó: «Si bien la Fiscalía maneja hipótesis no podemos aventurarnos porque estamos a la espera del informe final de la autopsia que nos va a decir las condiciones y causas de la muerte».
«Hubo interacción entre los policías y los patovicas, que no informaron en su momento«, indicó el funcionario judicial. Todavía no podemos decir si participaron en la caída del joven al río», completó.
En tanto, el Fiscal Dr. Gonzalo Fernández Bussy le atribuyó a B.B.L., que mientras se encontraba cumpliendo funciones de sumariante en la Seccional 2da de Rosario UR II, entre el 24 y el 25 de febrero de 2020 omitió cumplir la orden de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó recabar y secuestrar las cámaras ubicadas en la zona de La Fluvial de Rosario, redactando las distintas solicitudes y consignando como fecha en las mismas el 17 de febrero de 2020 siendo que esa no era la fecha correcta y que además la familia de Carlos Orellano.
Por la misma razón se imputó al Comisario en la Seccional 2da de Rosario de la UR II (cuyas siglas son P.AB), quien solicitó a un hombre a cargo del boliche que le lleve las cámaras del lugar, cuando debía ir él a secuestrar dichas cámaras.
De esta manera, el juez de Primera Instancia Nicolás Foppiani dictó la prisión preventiva para G.J.N por el plazo de 60 días; y la libertad para el resto con distintas reglas de conducta como la prohibición de salir del territorio santafesino.
