El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y otros dos ex funcionarios, fueron imputados este jueves por la Justicia provincial, tras ser investigados por presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública” en una licitación para comprar armas para la policía, la cual no llegó a concretarse.
En una audiencia desarrollada a través de la aplicación Zoom, fueron imputados Sain, de 57 años, el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (54), y el ex secretario de Gestión Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas (50).
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, representada por Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, imputó a los tres ex funcionarios por “maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia”.
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En su declaración, Sain rechazó tener responsabilidad en los delitos que se le atribuyeron y aseguró que la causa “no se inscribe dentro de un proceso de investigación de delito sino de un proceso político”.
Seguidamente, el ex ministro de Seguridad apuntó contra el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, a quien acusó de “vender al bloque histórico de poder que ha gobernado Santa Fe este hecho político como garantía de que los va a proteger de cualquier investigación que los comprometa”, en el marco de su campaña para ser fiscal general.
“Esta maquinación política tiene un jefe superior, que es el doctor Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema de Justicia (de Santa Fe), que no sólo tiene descaradas vinculaciones con legisladores el justicialismo y del socialismo, con quien ha cogobernado esta provincia, sino que además ha establecido la estrategia de persecución penal contra mí”, indicó Sain, citado por el medio Aire de Santa Fe.
A continuación, apuntó contra el fiscal Hernández: “Yo a usted lo conozco de asaditos en la casa de Augusto Montero, y sé que ahí se ventilan todas las cuestiones que hacen a la necesaria reserva que tiene que tener como fiscal. No nos conocimos en un lugar institucional, nos conocimos en esas tenidas sociales, así que me queda muy claro como se manejan estas cosas en Santa Fe, con relaciones personales y poco tino institucional”.
“Nosotros tuvimos el atrevimiento de hacer lo que deberían hacer ustedes, que es ir contra las estructuras de poder que protegen delincuentes. Me querían sacar de la provincia porque les causaba mucho dolor a esas estructuras”, cerró el ex funcionario.
La licitación que no llegó a concretarse
“El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según la acusación, las maniobras consistieron “en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro”.
De esta manera, según la imputación fiscal, Sain, Montenegro y Novas “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.
La Fiscalía añadió que luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la provincia), la licitación quedó sin efecto, por lo que la compra de armas no llegó a concretarse.
Asimismo, precisó que el monto total de la adjudicación fraudulenta que habrían intentado los tres ex funcionarios fue de 17.103.543,60 dólares y que “en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares”.
La Fiscalía atribuyó a los tres imputados las mismas calificaciones penales: coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo, en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta.
Las fuentes informaron que este viernes se realizará una cuarta imputación, en ese caso al ex jefe de la División Logística de la policía provincia, Marcelo Correa.
