En una entrevista exclusiva con Conclusión, el diputado provincial explicó que, junto a nueve organizaciones progresistas y de izquierda, decidieron conformar el Frente Amplio por la Soberanía, una alternativa que intentará establecer desde lo legislativo los cimientos que le permitan en cuatro años más disputar el Ejecutivo santafesino.
El juez Jorge Patrizi falló y argumento que la investigación seguirá su curso en los tribunales santafesinos dado que, aunque se haya violado una ley nacional, la seguridad de la Nación “no se vio afectada” y “solo afectaron al ámbito de la provincia”.
El juez Martín Torres determinó medidas cautelares alternativas entre ellas, la obligación de fijar domicilio y pagar una caución y la prohibición de salir del país y portar armas. El exministro de Seguridad está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
En esta oportunidad Alejandro Maidana dialogó con Nadia Schujman, abogada de HIJOS Rosario e imputada en la causa por supuesto espionaje ilegal. “Sin dudas se tocaron intereses demasiados poderosos”, indicó.
El exministro de Seguridad es considerado jefe de la supuesta organización, a la cual también habrían pertenecido Germán Montenegro y Agustina Moulins, también acusados. En la segunda parte de la audiencia se espera lo propio para Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard.
La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada a espiar desde el Ministerio de Seguridad a personas y empresas sin aval de una orden judicial.
El exfuncionario provincial repasó la situación que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el cargo.
El 13 de diciembre de 2019, siendo jefe de la Unidad Regional II, el entonces comisario reasignó el personal que custodiaba edificios judiciales y que se temía que fueran blancos de posibles balaceras. Este lunes firmó un juicio abreviado y fue sentenciado a un año de prisión condicional y cumplimiento de reglas de conducta.
El titular de la comisión de Seguridad de la Cámara baja provincial aprovechó la misiva para solicitarle una audiencia a Alberto Fernández a los fines de abordar la situación que atraviesa Santa Fe.
La resolución del juez también les prohíbe acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.
El pedido fue realizado por los fiscales. Es por la investigación de presuntas maniobras irregulares en un proceso licitatorio para la compra de armamento.
Un fallo firmado por el juez Reinaldo Rodríguez sostuvo que no se cometieron delitos de espionaje ilegal en la provincia, ya que la evidencia presentada por los fiscales es compatible con la información a la que Sain podía tener acceso como ministro de Seguridad.