El juez Jorge Patrizi rechazó el pedido de la defensa del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, para que la causa de espionaje ilegal pase al fuero federal. De esta manera, la causa seguirá tramitándose en los tribunales de la Justicia santafesina.
Los abogados Hernán y Santiago Martínez, y Juan Lewis, defensores de Sain y los demás imputados en la causa por espionaje ilegal, presentaron un recurso de incompetencia de la justicia provincial, por entender que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por la pretendida asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje.
El planteo fue formulado en la audiencia convocada a tal efecto por los abogados Santiago y Hernán Martinez -apoderados de Marcelo Sain, Esteban Montenegro y Eugenia Moulins- y Juan Lewis, ex ministro de Justicia de la provincia y apoderado de Débora Cotichini, Nadia Schujman, Diego Rodriguez, Pablo Alvarez y Milagros Bernard.
En ese contexto, el fiscal Ezequiel Hernández consideró que “la competencia es excepcional” y enunció: “De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”.
En tanto, el juez Patrizi rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción “circunscripto al ámbito provincial”, y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales.
Asimismo, el Magistrado argumentó que: “La CSJN ha expresado que la intervención de la Justicia de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente” al ámbito federal.
Y resaltó: “El accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.
“La seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente a la Nación, toda vez que no se ha involucrado personal del gobierno federal, y los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia de Santa Fe”, concluyó.
