Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky argumentaron que las querellas "no han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por la Corte Suprema".
El ex presidente y otra decena de funcionarios, entre ellos los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habían sido procesados por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, pero esa decisión fue revertida el año pasado por la Cámara Federal porteña.
El juez Jorge Patrizi falló y argumento que la investigación seguirá su curso en los tribunales santafesinos dado que, aunque se haya violado una ley nacional, la seguridad de la Nación “no se vio afectada” y “solo afectaron al ámbito de la provincia”.
El juez Martín Torres determinó medidas cautelares alternativas entre ellas, la obligación de fijar domicilio y pagar una caución y la prohibición de salir del país y portar armas. El exministro de Seguridad está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
El exministro de Seguridad es considerado jefe de la supuesta organización, a la cual también habrían pertenecido Germán Montenegro y Agustina Moulins, también acusados. En la segunda parte de la audiencia se espera lo propio para Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que, a su criterio, está concluida la investigación sobre la participación de Arribas y otras tres personas de la AFI en los hechos investigados. En el mismo pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.
Acusan al gobernador de esa provincia de "armado de causas con hipótesis delictivas" con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, con participación de personal judicial.
Emanuel Gainza no solo admitió haber organizado un "equipo de policías" para realizar "inteligencia" a personas de la sociedad civil.
Las denuncias fueron presentadas por los diputados nacionales Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade, como integrantes de la Comisión Bicameral en el seguimiento a los organismos de inteligencia
La abogada de los familiares de los submarinistas indicó que recurrió a organismos internacionales, como la ONU y la Universidad de Harvard, para darle visibilidad al caso.
Un fallo firmado por el juez Reinaldo Rodríguez sostuvo que no se cometieron delitos de espionaje ilegal en la provincia, ya que la evidencia presentada por los fiscales es compatible con la información a la que Sain podía tener acceso como ministro de Seguridad.
En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros imputados.