Cuatro departamentos propiedad de la ex presidenta Cristina Kirchner, tres de ellos ubicados en el barrio porteño de Puerto Madero y otro en San Cristóbal, fueron allanados por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida como «Los Sauces», por la cual fue imputada por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los operativos se llevaron a cabo en los inmuebles ubicados en el 4º piso Guevara 329, en el 8º piso de Juana Manso 501, en el 9º piso de Macacha Güemes 3322 y en Sarandí 1467, piso 5 oficina 31 y piso 6 oficina 38.

Durante el procedimiento se buscaron comprobantes de pago de expensas, servicios y documentación de ese tipo puesto que la investigación está relacionada a maniobras ilícitas vinculadas con el alquiler de distintos inmuebles de la empresa «Los Sauces», de la cual el mayor porcentaje lo tienen Cristina y Máximo, en tanto que Florencia Kirchner también integra con un pequeño porcentaje.

Días atrás, el fiscal Carlos Rívolo imputó a la ex presidenta y su hijo Máximo por los delitos de falsificación de documento público y enriquecimiento ilícito.

Tras el impulso fiscal, el juez Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación que se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

Según la denuncia de la diputada Margrita Stolbizer, tras 2008 la firma Los Sauces, integrada por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, empezó a alquilar distintos inmuebles a Báez y López, «empresarios vinculados de la obra pública».

Pese a que «en 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones», al año siguiente «las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos».

«Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios», según la denuncia.

«Que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años», según Stolbizer.

Además, acusan de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la ex presidente en los últimos años, y por eso la imputación por falsificación de documentos públicos.

Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que ésta causa quedara en poder de Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas
presentadas entre 2010-2013.

Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur junto con las inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner durante ese año, quedó a cargo del juez Julián
Ercolini tal cual lo resolviera la próxima semana la Cámara Federal.