La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por el intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado, reclamó que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, ante una evidencia «que es cada vez mayor», según nueva prueba incorporada.
Los apoderados de la vicepresidenta consideraron «imperioso, a esta altura, secuestrar el celular de Gerardo Milman, cuyo análisis es de gran importancia para la pesquisa»
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un escrito ante la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, a quien la magistrada delegó la investigación.
«Le solicitamos a la jueza (ya que esta medida es de exclusivo resorte jurisdiccional)» que «proceda al inmediato secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman», pidió la querella.
De manera subsidiaria, requirió «que solicite, de modo inmediato, autorización a la Cámara de Diputados para proceder al secuestro del celular» del diputado Milman, si es que lo considera necesario. «Una vez secuestrado el dispositivo, requerimos que se practique una amplia pericia con el fin de identificar cualquier vinculación de Milman con los hechos objeto de este proceso», agregaron
El legislador «solo podría ser convocado a prestar declaración indagatoria, y no testimonial», advirtió la querella y por eso consideró que «solo debe llamarse a Milman cuando esté más clara la plataforma fáctica que lo rodea. Por eso, la próxima medida a seguir debe ser el secuestro de su celular».
La querella de la Vicepresidenta ya pidió con anterioridad medidas de prueba a Capuchetti que fueron negadas en otros aspectos de la causa y por eso, el martes próximo habrá, una audiencia en la sala I de la Cámara Federal porteña, el Tribunal de Apelaciones, donde los abogados reiterarán esos planteos.
En el nuevo escrito, donde se criticó con dureza a la magistrada, se evaluó ahora que ante las medidas de prueba que ordenó Rívolo desde que se le delegó la pesquisa «la evidencia contra Milman es cada vez mayor».
Los abogados enumeraron los dichos del testigo que dijo haberlo escuchado en la confitería Casablanca el 30 de agosto pasado decir «cuando la maten voy a estar en la Costa » ante dos de sus asesoras. Además, remarcaron que se comprobó que Milman estuvo en Casablanca con sus asesoras el día indicado», y que viajó a la costa, tal como especificó el testigo.
También enumeraron «los pedidos de informes solicitados por Milman sobre la custodia de la Vicepresidenta: uno, del día del atentado; la comprobación de que el testigo contó lo sucedido solo una hora y media después de los hechos; las contradicciones de las asesoras de Milman en sus testimoniales del día 26 de octubre de 2022».
En ese sentido, remarcaron que una de las asesoras de Milman cambió el teléfono una semana antes de entregarlo al fiscal Rívolo para un peritaje y la otra borró «en su totalidad» el contenido del suyo, luego de «asesorarse».
Los abogados destacaron que una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, declaró no haber sabido nada de los pedidos de informes sobre la custodia de la Vicepresidenta, previos al atentado. Ello pese a que «parece ocuparse de muchas de las tareas del despacho del diputado», destacó la querella.
«Es más, dijo que, por su conocimiento, Milman los mandó desde su propio email. Esto es particularmente extraño. Cada diputado nacional tiene su equipo y no es frecuente que redacten sus propias presentaciones sin consultarlas con sus asesores (especialmente con los de más relevancia) y que, incluso, se ocupen de presentarlas ellos mismos», analizaron.
La otra asesora que estuvo con Milman en Casablanca, Ivana Bohdziewicz «dijo que ella se ocupa de presentar proyectos, aunque no de leerlos», remarcó la querella. «Si lo que dice Gómez Mónaco fue así, implica que, quizás, para Milman, orquestar el asesinato de la Vicepresidenta fuera un proyecto propio, más allá de que luego haya presumido de él frente a sus asesoras en Casablanca», agregaron Ubeira y Aldazábal.
