La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira tras detectar que el diputado nacional había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en la que se produjo el atentado.
La decisión, alcanzada con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, despeja el camino para analizar la información contenida en uno de los teléfonos celulares que había sido entregado a la justicia por el propio legislador en la misma oportunidad en la que se opuso a que sea analizado.
La solicitud surgió luego de que trascendiera que la detenida realizó manifestaciones que vinculan al grupo de untraderecha con la persona que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel.
La detenida presentó un escrito en el que amplió su declaración indagatoria en la causa por el atentado contra la vicepresidenta y aseguró que el diputado del PRO buscaba "generar disturbios y violencia" alrededor de la residencia de la titular del Senado.
La decisión fue ordenada por la Cámara Federal porteña. No obstante, para acceder al teléfono del legislador se precisaría autorización de la Cámara de Diputados, por la ley de fueros.
La audiencia tendrá lugar el 22 de junio, donde la querella explicará por qué insiste con el secuestro del celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, quien fue acusado de haber tenido conocimiento previo sobre el atetando contra la vicepresidenta.
La medida fue ejecutada fuerzas de seguridad este miércoles por la noche, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario tras la ampliación de declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, exsecretaria del diputado nacional.
A los legisladores les parece particularmente grave y digno de atención lo que surge de las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, exasesora del diputado del PRO Gerardo Milman, acerca de que recibió presiones para borrar el contenido de su teléfono celular.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva presentación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, apoyados en que la magistrada "cobra un sueldo de una institución ejecutiva" asociada al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro (actualmente de licencia tras la difusión de chats con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-).
Las legisladoras que impulsan esta medida aseguran que la presencia del dirigente del PRO "degrada y devalúa" a todo el cuerpo legislativo.
Los apoderados de la actual titular del Senado, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, también insistirán en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato.
Los apoderados de la vicepresidenta consideraron "imperioso, a esta altura, secuestrar el teléfono cuyo análisis es de gran importancia para la pesquisa". Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un escrito ante la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, a quien la magistrada delegó la investigación.