El 18 de septiembre de 2011, cerca de las 22,  Paula Perassi, recibió un llamado telefónico que, luego se sabría, fue realizado desde un locutorio,  y salió de su casa. Dijo que tenía que buscar la tarea del colegio de uno de sus hijos. Llevaba lo puesto y su teléfono celular. Ese fue el último día que se supo de ella. Al día siguiente, su esposo realizaría la denuncia por su paradero.

A poco de cumplirse los cuatro años de este hecho, y luego de atravesar una investigación llena de vicios y vericuetos, se espera, para este miércoles, la decisión del juez Adolfo Prunotto Laborde, quien deberá fallar si los ocho procesados por la desaparición de Paula, y el encubrimiento de la misma, pueden esperar el juicio en libertad o, por el contrario, continúan en prisión preventiva.

La hipótesis de la línea investigativa, en la que se funda tanto el Ministerio Público de la Acusación como los querellantes de la causa, sostiene que la noche que salió de su casa, Paula Perassi fue secuestrada por Gabriel Strumia, con quien mantenía una relación, producto de la cual,  cursaba un embarazo de 6 semanas, y quien, de común acuerdo con su esposa, obligó a la joven a realizarse un aborto, contra su voluntad, en la cercana localidad de Timbúes. Se presupone que algo no salió bien y Paula no habría sobrevivido a esa intervención.

La posterior investigación, que sólo avanzó por la impronta de su padre, Alberto Perassi, estuvo viciada de todo tipo de demoras, intromisiones, desvíos y errores que se presumen voluntarios, tanto por parte del fiscal de grado que oficiaba en ese momento, Roman Moscetta, que aún continúa interviniendo en la causa, a pesar de las acusaciones y críticas en su contra, como del juez de instrucción, Alberto Filocco, (hoy separado de la causa por un pedido de jury de enjuiciamiento) y  de los oficiales de policía que intervinieron en  la investigación, y que, según entiende la fiscalía y el actual juez a cargo, el magistrado Juan Carlos Tutau, obraron para proteger a Strumia y encubrir el crimen plantando pistas falsas, desviando las pesquisa, demorando la investigación y extraviando pruebas. La causa está  caratulada como aborto no consentido seguido de muerte.

Respecto a la actuación de la policía en la investigación, Adrián Ruiz, representante legal de la querella, declaró: «En el caso de Paula Perassi la policía santafesina me hace acordar a la bonaerense: la mitad plantaba la pistas falsas y la otra mitad, las seguía».

Actualmente, el Equipo Argentino de Antropología Forense se encuentra trabajando en una cava de Puerto San Martín dónde se conjetura que podría encontrarse el cuerpo de Paula. Además, la Gendarmería Nacional ha aportado un georadar para la búsqueda, y desde hace algunas semanas, un experto en criminalística de la Corte Suprema se encuentra revisando todas las pericias realizadas durante la investigación.

Los imputados en la causa

Ocho personas fueron procesadas por el magistrado, Juan Carlos Tutau, tres civiles y cinco integrantes de la fuerza policial, dos de ellos de alto rango, y se encuentran cumpliendo prisión preventiva. La continuidad de esta medida es lo que se juega en el mediodía de hoy en los Tribunales Provinciales, cuando el juez Prunotto Laborde decida si los acusados presentan algún tipo de peligrosidad procesal, o bien , si pueden esperar el juicio en libertad.

En relación a ello, es importante tener presente que, en varias ocasiones, tanto los integrantes de la familia Perassi, como el juez de instrucción,  y diversos periodistas que siguieron la causa desde sus comienzos, han sufrido amenazas y agresiones, por lo cual la querella insiste que es peligroso eximirlos de la prisión preventiva.

Para los civiles pesa la acusación de secuestro y aborto no consentido seguido de muerte. Para los integrantes de la fuerza pública, los fiscales los acusan de “encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad de instrumento público”.

Los imputados son:

. Gabriel Strumia, señalado como el amante de Paula.

. Roxana Michl, esposa de Gabriel Strumia, sindicada como cómplice en el secuestro y encubrimiento.

. Mirta Rusniky, la persona que habría realizado el aborto en la localidad de Timbúes.

. Adolfo Daniel Puyol, comisario inspector, jefe de la Agrupación Cuerpos

. Jorge Enrique Krenz, comisario principal jefe de la Agrupación de Unidades Especiales.

. Aldo Gómez, oficial de la policía

. Ramón Godoy, oficial de la policía

. María José Galtelli, oficial de la policía